Las procesadas  Hilda T. y Margarita A. fueron declaradas culpables del delito de lavado de activos y sentenciadas a 9 años de reclusión menor ordinaria.

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinó que ambas acusadas tenían en sus cuentas bancarias movimientos de dinero inusuales e injustificados que ascendían a $ 2’000.000. Este documento fue presentado por el fiscal Fabián Salazar en la audiencia de juicio desarrollada en el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha, donde se dictó el 2 de febrero el fallo.

Un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), también presentado en el juicio, evidenció que las 2 mujeres no pagaron impuestos que guardaran relación con el patrimonio real que poseen.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Hilda era vendedora de aparatos electrónicos en un local del centro de Quito, y Margarita no tenía ningún tipo de actividad comercial ni guardaba relación de dependencia laboral. Ellas no pudieron justificar los grandes montos de dinero que manejaban en sus cuentas bancarias.

El fiscal Salazar argumentó en el juicio que desde 2004 a 2014 las acusadas Margarita e Hilda lideraban una organización delictiva en Quito que se dedicaba a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas como extorsión, robo y secuestro.

La defensa de las procesadas no logró rebatir esta teoría y por tanto los jueces del tribunal dictaron la sentencia en su contra. Es la primera sentencia de lavado de activos emitida en este año; en 2015 se procesaron 11 casos, de los cuales 4 llegaron a sentencia, 3 están en preparatoria de juicio, 1 en etapa de juicio, 1 en instrucción fiscal y 2 en casación. En 2012, por ejemplo, se denunciaron 30 casos, mientras que en 2015 la cifra subió a 274.

Como lo dijo el fiscal Salazar, una prueba contundente en este caso fue el reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que al momento se estudia en la Asamblea a qué entidad debe estar adscrita. Para ello ya se reunieron representantes de la Fiscalía y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La UAF es una entidad con capacidad de recibir, requerir, analizar, mantener, suministrar, proveer, intercambiar, organizar, administrar, preservar y elaborar todo documento o información financiera necesaria para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este decreto ejecutivo. Al momento se estudia su destino institucional.

Reformas a Ley de prevención

En la reunión sostenida el miércoles último en la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, manifestó su desacuerdo en que la UAF sea parte del Ministerio del Interior. Consideró que debería ser parte del Ministerio de Finanzas.

Explicó que no le correspondería al Ministerio del Interior hacer investigaciones sobre estos hechos, porque la especialización viene de un trabajo interinstitucional de las entidades que hacen trabajo en materia de lavado de activos, que actualmente es el Consejo de Lavado de Activos, donde están el SRI, la Senae, las superintendencias de Bancos, de Economía Popular y Solidaria, de Compañías y Seguros, los ministerios de Finanzas, del Interior, Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, por lo que una investigación tan especializada no puede estar en manos de la Policía; que esa facultad de investigación le corresponde a la Fiscalía.

Chiriboga planteó 17 observaciones y 8 propuestas al proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activos y financiamiento del delito.

Consideró que el financiamiento del terrorismo debe ser incluido en la ley, delito que se halla tipificado en el artículo 367 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, además, el GAFI recomendó que los países miembros incluyan en su legislación como delito el ‘financiamiento del terrorismo’.

Prevenir prácticas fraudulentas

Uno de los elementos que se propone en el proyecto es derogar el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos para que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera asuma la rectoría, sostuvo en la reunión Hugo Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria.  

“El Código Orgánico Monetario y Financiero establece algunas atribuciones a esta entidad, las que se deben ampliar para incorporar a las compañías y fundaciones, a fin de lograr el efectivo control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual es necesario reformar el Código”.

Recordó que no le corresponde a la Unidad de Análisis Financiero la investigación del delito. Tiene funciones relacionadas con el control y prevención, por lo que no debería responder a un Consejo, pues habría contradicciones entre las políticas emitidas por la Junta y el Consejo.

También dijo que es necesario ampliar las competencias de la Junta  para que pueda regular a otros sectores, pues el objetivo central es prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, incluido el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo.

El asambleísta Virgilio Hernández, quien preside la Comisión respectiva, mantiene en análisis estas observaciones a las reformas a la Ley de prevención de lavado de activos. (I)