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El Telégrafo
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Fiscalía solicitó prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza

El legislador fue detenido durante un operativo en Portoviejo/ Twitter Fiscalía
El legislador fue detenido durante un operativo en Portoviejo/ Twitter Fiscalía
Foto: Cortesía
05 de junio de 2020 - 21:39 - Redacción Web

La fiscal general Diana Salazar solicitó la noche del viernes 5 de junio de 2020 una orden de prisión preventiva para el asambleísta Daniel M. y cuatro procesados más para garantizar su permanencia en el país.

En la audiencia de formulación de cargos realizada en la Corte Nacional de Justicia en Quito estuvo Salazar, quien presentó 15 elementos de convicción para los implicados, así como la retención de sus cuentas. 

Hasta el momento se espera la decisión del juez Marco Rodríguez en relación al pedido de la Fiscal.

Más temprano, Daniel M., legislador por el movimiento ‘Mejor’, aliado del partido Alianza PAIS, llegó a Quito la mañana del viernes 5 de junio para ser procesado por un supuesto vínculo con un caso de corrupción que investiga la Fiscalía. 
El asambleísta fue detenido en horas de la mañana en Portoviejo

La Policía arrestó a Mendoza en la capital de Manabí en uno de los operativos que realizó en otros dos cantones del país por presuntas irregularidades cometidas en el sector público durante la emergencia sanitaria. Posteriormente, a las 04:00, emprendió un viaje vía terrestre hacia Quito para que la Fiscalía formule cargos por presunta delincuencia organizada.

El legislador partió de Portoviejo con custodia policial y arribó a Quito a las 11:00. Inmediatamente lo trasladaron hacia la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. Se prevé que a las 18:00 comience la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia, sin acceso a la prensa.

Las autoridades investigan su relación con un supuesto entramado de corrupción que operaría en Manabí y se dedicaba a la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas, como el Hospital de Pedernales.

A Daniel M. lo trasladaron hacia Quito porque en su calidad de asambleísta cuenta con fuero de corte. Esto significa que un juez provincial no puede tramitar o conocer su caso, sino se necesita de un magistrado de instancia nacional.

El fuero de corte otorga inmunidad parlamentaria para decisiones legislativas. Daniel M. es acusado de corrupción, delito que según la Constitución no blinda a los legisladores y que tampoco requiere de una autorización del Pleno de la Asamblea Nacional para iniciar una causa penal. (I)

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