El control militar en los exteriores de los centros de rehabilitación social se cumple parcialmente. El martes 14 de mayo se realizó un primer proceso de intervención en las cárceles regionales de Turi (Cuenca) y Latacunga (Cotopaxi), pero en el resto de centros no es constante.

Según Ronier Ramírez, comandante del Fuerte Militar Patria, los controles en Latacunga serán rotativos y no se anunciarán con anticipación para no poner en sobre aviso. El martes estuvieron cuatro oficiales y 20 soldados de las fuerzas especiales Patria.

Este criterio lo comparte Carlos Manzano, director de la cárcel de Ambato, quien señaló que aún no existe la disposición para que el patrullaje militar se cumpla en las afueras de la cárcel local.

Por ello, en las cárceles 4 y en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Quito, así como en los centros regionales de Guayaquil, Latacunga y Ambato, todavía la custodia sigue a cargo de los policías.

Esto a pesar de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció el lunes 13 de mayo que los militares se encargarán del control en los exteriores.

Con esta decisión, según Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, se buscaría un efectivo control del ingreso de armas en los centros de rehabilitación.

Desde 2018 hasta el momento se registran 23 muertes de reos en los penales del país; de ellos, ocho crímenes fueron este año. Estos hechos se habrían cometido por “ajustes de cuentas”.

Al interior de los reclusorios hay disputas entre bandas delictivas. También los reos son chantajeados por otros privados de libertad, quienes les solicitan desde $ 100 hasta $ 1.000 a cambio de seguridad.

Este es el caso de Santiago U., quien recibió 31 puñaladas en la cárcel de Turi (Cuenca) el domingo 12 de mayo. Fue agredido por siete internos. De ellos se procesa a Víctor J., quien lo hirió con un objeto artesanal, por el delito de tentativa de asesinato con arma blanca.

En esta riña murió el colombiano Andrés V., tras el impacto de una bomba lacrimógena por parte del policía Byron A., de la Unidad de Mantenimiento del Orden.

A este uniformado, que habría lanzado el artefacto, se le dictó prisión preventiva. El abogado Ramiro García defenderá al agente.
Autoridades de Cuenca piden cambios en la cárcel de Turi.

El alcalde Pedro Palacios solicita al Gobierno que no haya personas de alta peligrosidad en este lugar, ubicado muy cerca de la ciudad.

Policías siguen en el control

Un uniformado que pidió no revelar su nombre, contó que en la cárcel 4, en Quito, trabajan en la parte exterior del recinto cuatro policías en turnos de ocho horas. Ellos realizan las requisas de comida y personas al ingreso. Hasta el momento no se han encontrado armas sino, en muy pocas ocasiones, teléfonos móviles.

Según el policía, la situación es más tranquila en este lugar desde que el exvicepresidente Jorge Glas fue enviado a la cárcel de Latacunga. Aquí está interno el excomandante de la Policía, Fausto Tamayo, quien fue condenado a 13 años por la venta de pases policiales.

En cambio, en el CDP no hay gendarmes en los exteriores sino en los ingresos a este centro. Más de 10 miembros de la institución se encargan de efectuar las requisas previamente al ingreso al lugar.

Solamente en las afueras hay un agente metropolitano, quien también quiso mantener su nombre en reserva, pero comentó que tiene coordinación directa con el ECU-911, mediante radio, en donde comunica las anomalías que se verifican en la cámara de seguridad instalada en un poste.

En el CDP están recluidas las personas con prisión preventiva y quienes adeudan pensiones alimenticias. Los controles policiales también continúan en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas y en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) # 2 de Guayaquil.

En estos sitios, el registro, tanto en el ingreso peatonal como vehicular, es minucioso por parte de los policías, quienes aseguraron que no han recibido una orden por escrito para la custodia de militares y, además, que estos tampoco habían llegado.

El coronel Paúl Enríquez, jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria (UCP), dijo que los militares realizarán operativos a peatones y vehículos, mas no asegurarán el ingreso a los centros.

En el CRS #2 se desplegó un operativo de control de los visitantes para comprobar que los alimentos y otras vituallas no están contaminados o sirvan de camuflaje para objetos prohibidos.

Control será momentáneo

El Ministerio de Defensa aclaró, mediante un comunicado de prensa, que el apoyo de Fuerzas Armadas no tiene el propósito de solucionar el problema que se vive en las cárceles, sino que “permitirá a las instituciones responsables diseñar las medidas necesarias que aporten a la solución de las tareas que son de su competencia”.

Según esta cartera de Estado, el apoyo se mantendrá mientras se mejoran los niveles de atención y manejo que deben realizar los guías penitenciarios y la Policía.

El Ministerio espera que la rehabilitación no se obstaculice “tanto por el hacinamiento como por el caos que pueda generarse internamente”. (I)