La Unidad de Investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) detectó un presunto perjuicio al Estado de al menos $ 525.400 por la adquisición de batas de manga larga y pantallas faciales de protección en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.

La denuncia fue presentada este viernes 29 de mayo por el Consejo de Participación en la Fiscalía General del Estado.
Explicó que mediante un contrato el Hospital Los Ceibos adquirió 240.000 batas manga larga, talla grande y mediana, a un valor unitario de $ 4,45 y 10.000 pantallas faciales de protección por un valor unitario de $ 9,37, que da un total de $ 1’161.700.

La investigación del CPCCS realiza una comparación con una compra similar del Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Sangolquí, realizada el mismo mes, donde se compran las batas manga larga talla grande a un valor unitario de $ 2,49; y en mayo se compran las pantallas faciales de protección en $ 3,87, cada una.

“De esta manera, el presunto sobreprecio sería de 78% en batas y 142% en pantallas, lo que superaría el medio millón de dólares. Cabe destacar que estos montos pueden incrementarse al considerar compras en otras casas de salud como el Hospital San Francisco de Quito y el Hospital Básico de El Puyo que, en la misma época, adquirieron productos similares a precios menores a los del presente análisis”, menciona la entidad.

La denuncia, que fue presentada por el Procurador Judicial del CPCCS, señala a 8 implicados que participaron en el proceso administrativo en el hospital incluido el contratista.

El documento del Consejo de Participación señala que se configuraría el presunto delito de peculado, con una posible asociación ilícita en el mecanismo de fijación de precios superiores al mercado, actos que presuntamente estarían relacionados con acuerdos colusorios entre los servidores públicos encargados de los procesos de contratación, oferentes y contratistas relacionados.

Además, indica que se debe considerar que el contrato identificado se suscribió en el contexto de la declaratoria de estado de excepción, por la pandemia del covid-19, lo que sería una circunstancia agravante de la infracción, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. (I)