La jueza nacional, Daniella Camacho, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente, de la exsecretaria nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra O. y de los funcionarios públicos, Mauricio C., Ramón R., Jorge O. y César Egas.

Ellos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits de alimentos con supuesto sobreprecio.

En la audiencia de formulación de cargos, que se cumplió la mañana de este lunes 18 de mayo del 2020, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en forma reservada y bajo estrictas medidas de bioseguridad, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió a la jueza que disponga la prisión preventiva de los procesados, lo cual no fue acogido por la jueza.

#AHORA | #FiscalíaEc formula cargos en contra de 5 personas por presunto tráfico de influencias: habrían participado en la pretendida contratación de kits de alimentos por parte de @Riesgos_Ec. ⬇️ pic.twitter.com/xzF49uFkzu

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 18, 2020

Lo que sí aceptó es iniciar la instrucción fiscal, fase en que la Fiscalía obtendrá más elementos de convicción para sustentar la acusación. 

Además, la magistrada dispuso la retención de $ 5.000 a cada procesado –de sus cuentas en el sistema financiero– para cumplir con una posible reparación integral; y la prohibición de enajenar bienes por $ 475.638,80.

El martes pasado la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la CNJ que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los cinco investigados.

Tras el sorteo de ley fue asignada para el caso, Daniella Camacho, quien es conocida por haber tenido a su cargo grandes casos de corrupción, el último fue el denominado Sobornos 2012-2016, en el que los principales acusados del delito de cohecho son el expresidente Rafael C., y el exvicepresidente Jorge G.

Un elemento de las supuestas anomalías lo proporcionó la Contraloría, que envió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal en la contratación. El contrato suscrito fue por $ 1’182.428,80. Pero el equipo de auditores señaló que debió ser de casi la mitad, es decir, $ 706.790. (I)