La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile inició la indagación previa por el asesinato del ecuatorianoSócrates Ponce Pacheco, ocurrido el 16 de septiembre de 1973, el mismo día del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.

En diciembre del año pasado, el fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, entregó un poder al abogado Nelson Caucoto, de nacionalidad chilena, para que represente a la Fiscalía de Ecuador en ese país e inicie las acciones legales pertinentes para judicializar el caso de la muerte de los compatriotas Ponce, Felipe Campos Carrillo y Fredy Torres Villalba.

Asesores de la oficina de Caucoto en Chile señalaron que el juez Mario Carroza inició las investigaciones de este caso, en el que podrían estar implicados los 8 exmilitares que al momento son juzgados por la muerte del cantautor Víctor Jara, registrada también el 16 de septiembre de 1973.

Un informe de la Fiscalía de Ecuador indica que presuntamente los militares trasladaron al ecuatoriano Ponce al estadio Nacional de Santiago, donde llevaron a decenas de personas durante la sangrienta asonada que derrocó a Salvador Allende.

En el sitio, convertido en campo de detención, fueron ejecutadas varias personas, entre ellas el reconocido cantante Víctor Jara, agrega.

En los casos de los ecuatorianos Campos, de 23 años, y Torres, de 19, la Fiscalía informó que en esa época los jóvenes viajaron becados por la Universidad de Concepción, en Kinesiología e Ingeniería, respectivamente.

En los días posteriores al golpe de Estado, ellos fueron detenidos en un control de carreteras, los agentes creyeron que los ecuatorianos eran infiltrados cubanos y los trasladaron a una comisaría, “los torturaron brutal y cruelmente” antes de ejecutarlos y lanzarlos a la desembocadura del río Bio-Bio, dijo la Fiscalía.

Como autor de los crímenes fue imputado Fernando P., a quien absolvieron en primera instancia, pero a través del abogado Caucoto se interpuso un recurso en la Corte de Apelaciones de Concepción. Esta misma institución judicial, mediante resolución de 2 de abril de 2014, rechazó el recurso de hecho de la defensa del acusado absuelto en contra de la resolución del ministro instructor Carlos Aldana Fuentes.

Chiriboga dijo que la Corte aceptó la apelación presentada por el representante jurídico de Ecuador, “por tanto creemos que han dado la razón a las víctimas, eso complace”.

Esta gestión por enjuiciar a los culpables de los crímenes “marca una diferencia fundamental, no solo defendemos los intereses de nuestras víctimas en el país, sino en el exterior, de tal manera seguiremos con esta tónica”, manifestó.

En el caso de los crímenes de los ecuatorianos, aseguró que se procurará que se haga justicia para evitar la impunidad, por lo tanto impulsarán el proceso hasta conseguir una sentencia que además repare a las víctimas.

Hernán Hormazábal, vinculado a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, que indagó las muertes de los ecuatorianos cometidas por la dictadura de Pinochet, dijo en declaraciones anteriores que este caso se trata de crímenes internacionales, de graves consecuencias en violaciones de los derechos humanos, es decir, de asesinatos cuyos autores son agentes del Estado que tienen el mandato de respetarlos.

“La violación de los derechos humanos no es un asunto interno del Estado en el que se producen, es un problema que trasciende las fronteras de los Estados. No se puede admitir la impunidad y responsabilidad de los autores, debe perseguirse sin importar el lugar y el tiempo”.