El gobierno del expresidente Rafael Correa fue tendencia en redes sociales durante el sábado último. La corrupción fue el tema. Bajo la etiqueta #CorreaDelincuenteProfugo, ciudadanos indignados por la administración presidencial anterior se pronunciaron vía Twitter.

Con imágenes, videos y textos, le recordaron al propio exmandatario, sus acciones y omisiones, lo que generó interacciones. A los pronunciamientos ciudadanos se sumaron algunos funcionarios del Gobierno actual y políticos, recordando los diferentes hechos de corrupción.

Incluso hubo pedidos, como el del secretario Anticorrupción, Iván Granda, quien demandó del expresidente que deje de injuriar y más bien “enfrente a la justicia ecuatoriana”.

Citó algunos de los actos de corrupción como la compra de los helicópteros Dhruv; la muerte del general Gabela, de Fausto Valdiviezo; el caso Balda, el de Ramiro González, la trama de Odebrecht, los radares chinos y las irregularidades en la Refinería.

En cambio, el Canciller José Valencia, aclaró que la gestión de Correa fue con “tempestad de intolerancia, gestión económica fallida e impúdica corrupción”.

Algunos de los mensajes, cuestionaron la estrategia del exmandatario de difamar a quien piensa diferente, lo cual en esta nueva administración, ya no funciona.

Sobre lo sucedido el sábado 9 de marzo, Esteban Nicholls, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, considera que el Gobierno debe actuar con base a los procedimientos de ley para tratar denuncias de corrupción de la anterior administración.

“Es importante que cualquier proceso judicial que se lleve a cabo sobre actos de corrupción, que efectivamente ocurrieron en el correísmo, no se vea mermado por una cacería de brujas”, destacó.

El jurista Salim Zaidán, afirmó que para obtener resultados sobre la lucha contra la corrupción del Gobierno anterior, es necesario que el Ejecutivo entregue información a la justicia garantizando su independencia.

Afirmó que los ministros, secretarios y consejeros deben tener cuidado al dar declaraciones sobre actos de corrupción, porque pueden entorpecer los procesos de investigación.

“Una mala experiencia la tuvimos con los enlaces ciudadanos, en donde se expresaban opiniones sobre procesos judiciales y eso repercutía en las decisiones de los jueces”, recordó Zaidán.

Para el consejero Presidencial, Santiago Cuesta, el actual presidente Lenín Moreno y su gobierno actúan conforme a derecho. “Si mañana tenemos información de corrupción, de desestabilización o algún acto que podamos comprobarlo, lo denunciaremos a la fiscalía. Es así como deben hacerse las cosas”, remarcó.

El funcionario dijo sentirse apenado por la actitud del expresidente Correa, que desde la clandestinidad, en su condición de prófugo de la justicia, a través de redes sociales insulte, denigre y emita especulaciones.

“Si tuviera algo de cierto lo que dice, a través de su bloque de asambleístas debería acudir a la Fiscalía a presentar una denuncia, que es lo que debería hacer”, manifestó.

Recordó que en la época de Correa, durante 10 años el entonces presidente opinaba sobre todo, dictaba órdenes de prisión en las sabatinas, liberaba a detenidos, indultó a delincuentes e intervenía en la justicia.

A decir de Cuesta, lo anecdótico de esto, es que la gente lo sigue tomando en cuenta cuando está enjuiciado, fugado y cada vez aparecen más anomalías cometidas en su gestión.

El funcionario llamó a respetar la institucionalidad del país como lo hace el actual gobierno con la función Judicial, a pesar de que en ella se mantienen los jueces que fueron nombrados en el mismo gobierno correísta.

El pasado 27 de febrero, el presidente de la República, Lenín Moreno mencionó que alrededor de 500 denuncias de corrupción contra el gobierno anterior han sido presentadas.

Según la Fiscalía General del Estado, contra el exmandatario Rafael Correa, 11 investigaciones están abiertas. De la misma manera, se ha contabilizado que por la corrupción en la administración pasada, hasta el momento hay 16 prófugos de la justicia.

En declaraciones anteriores, el vocero de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, estimó que alrededor de $ 70.000 millones representa el perjuicio al Estado.

De esa cifra, $ 35.000 millones serían por corrupción y $ 35.000 millones por el mal manejo en la adjudicación de obras. Ahora espera celeridad de la justicia y en particular del nuevo fiscal general. (I)

El binomio
La situación de Jorge Glas
Es el funcionario de más alto rango del gobierno anterior que se encuentra detenido por corrupción. Fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de la constructora Odebrecht.

317 exfuncionarios del  anterior gobierno  tienen indicios de responsabilidad penal, según la Contraloría.

El próximo juicio
Por el delito de peculado en el caso Singue la Fiscalía enjuiciará al exvicepresidente de la República, a los exministros, Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pastor y ocho personas más. (I)