Mientras la mayoría de los ecuatorianos intentan sobrevivir en medio de la pandemia de coronavirus, funcionarios públicos y empresarios firman contratos y autorizan compras de medicinas, insumos médicos y otros bienes para la emergencia sanitaria, en forma irregular y con sobreprecios.

Son 45 los casos que tiene registrados la Fiscalía General del Estado, de los cuales 40 están en fase de investigación previa, por lo que se han hecho allanamientos, detenciones y se están formulando cargos a los presuntos responsables de los hechos.

Los otros cinco casos ya han avanzado a la etapa de instrucción fiscal, es decir llegaron ante un juez, el cual ha otorgado 90 días de plazo a la Fiscalía para que reúna elementos o evidencias que le permitan sustentar la acusación a los sospechosos.

La cantidad de hechos ilícitos llevó a la fiscal general, Diana Salazar, a crear el pasado lunes la fuerza de tarea multidisciplinaria, integrada por tres fiscales de la Unidad de Transparencia; cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos; cuatro fiscales provinciales; y 24 fiscales de apoyo, uno por cada provincia, además de un grupo de policías especializados.

Según Salazar, la prioridad es avanzar en las investigaciones para evitar que puedan caer en la impunidad.

Seis tipos de delito

De acuerdo a la información oficial, seis son los tipos de delito que predominan en los 45 casos de corrupción que registra a la fecha la FGE. En 35 de los procesos se presume peculado, que según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sentenciado con hasta 13 años de cárcel.

En cuatro casos se investiga probable tráfico de influencias que, según el artículo 285 del COIP, la condena llega a cinco años de prisión. En tres se indaga concusión que de acuerdo a la misma norma legal en su artículo 281, la pena alcanza los cinco años de privación de la libertad.

Por cohecho, artículo 280; alteración de evidencias y elementos de prueba, artículo 292; e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, artículo 282 del COIP, un caso por cada uno. La pena máxima en estos delitos es de tres años de cárcel.

Un caso con fuero nacional

De los 45 casos de corrupción anotados y que están a cargo de la fuerza de tarea multidisciplinaria, 40, es decir el 89%, tienen fuero ordinario, es decir que están a cargo las autoridades judiciales de sus respectivas jurisdicciones.

Cuatro tienen fuero provincial, esto significa que los investigados son autoridades de provincia y los juzgadores deben ser del mismo nivel; representan el 9%. Mientras que solo un caso, el 2%, que es el de la extitular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Alexandra Ocles, indagada por presunto tráfico de influencias, tiene fuero nacional y por tanto su causa se tramita en la Corte Nacional de Justicia.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que este organismo, desde antes que se declarara la emergencia, recomendó que, para evitar actos de corrupción en el Sistema de Compras Públicas, el Estado negocie directamente con los productores de material médico, medicinas y otros insumos.

“Son más de 50 empresas fantasmas que casi siempre ganan los concursos. Esto lo vienen haciendo desde hace muchos años”, dijo al subrayar que ahora, en el momento de pandemia, actuaron porque habían recursos.

35 procesados en Guayas

De las investigaciones y allanamientos efectuados por la Fiscalía y la Policía Nacional en la provincia de Guayas, 35 personas están relacionadas con casos de corrupción cometidos durante la pandemia covid-19.

De los 35 detenidos, 23 están procesados por su presunta participación en los delitos de peculado, tráfico de influencias y desatención del servicio de salud. Cinco casos se encuentran en instrucción fiscal, el resto en indagaciones previas. Estos procesos e indagaciones están a cargo de los agentes fiscales de Guayas.

Uno de los casos más recientes fue el de la Prefectura del Guayas, en el cual ocho personas fueron imputadas por el delito de tráfico de influencias. El titular de esa entidad también está procesado, pero con arresto domiciliario, lo cual causó conmoción en la ciudadanía y malestar a la fiscal general Diana Salazar.

Los agentes de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria detuvieron a las ocho personas dentro de una investigación por la compra de insumos médicos por la Prefectura, durante la emergencia sanitaria por covid-19 que enfrenta el país.

Ese mismo día, 4 de junio, se formularon cargos contra el expresidente Abadalá Bucaram por los delitos de delincuencia organizada y por su presunta participación en tráfico de armas y municiones.

En los hospitales del IESS, Teodoro Maldonado Carbo y el de Ceibos Norte, se generó el delito de peculado en la emergencia sanitaria. También se investigan los hospitales de la Policía, del Guasmo Sur y de Milagro. (I)