Tras seis meses de espera, bajo la dirección de la jueza de Garantías Penales, Irene Pérez, este lunes fue reinstalada la audiencia preparatoria de juicio en el caso de la red de corrupción en el Ministerio del Interior.

A la diligencia desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, acudieron los abogados de los seis vinculados: Boris P., Byron Z., María E., Mario C., Andrés A. y Jesús A.

Estos fueron acusados por el fiscal, Christian Fierro, de asociación ilícita con la modalidad de concusión.

Según la tesis de Fiscalía, esta red de corrupción que operó entre 2014 y 2017 en el Ministerio del Interior, gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor.

Inicialmente también estaba investigado David Yépez, quien trabajó con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pero fue sobreseído.

Asimismo fue indagada Paula C., excoordinadora administrativa financiera del Ministerio del Interior, quien dejó el cargo en noviembre de 2015; y su exesposo Eduardo N. Los dos abandonaron el país.

Según la investigación, Eduardo N., a pesar de registrar ingresos mensuales por $ 7.000, contaba hasta 2017 con un patrimonio superior a los $ 2 millones.

La Fiscalía pidió autorización para hacer escuchas telefónicas y constató que hay otras personas involucradas en este hecho ilícito.

Por ejemplo, en las triangulaciones de llamadas los investigadores detectaron que se comenta que las presiones para que se concretaran los negocios llegaban de alguien al que llaman “3P”.

Ayer en la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de los seis procesados pidieron que sus defendidos sean sobreseídos.

Israel Moreno, abogado de Boris P., indicó que en el proceso hay contradicciones y lo que es peor, “hasta ahora no se sabe cuáles son los contratos ni el monto del perjuicio”.

Criterio que fue ratificado por Marco Freire, defensor de Byron Z., quien además sostuvo que la denuncia se presentó en julio de 2017, pero su cliente entró a trabajar en el Ministerio en agosto del mismo año.

“Usted, señora jueza, no podrá llamar a juicio porque no hay un detalle de los contratos, eso no existe”, señaló Carlos Dávila, abogado de Andrés A.

Aseguró que tampoco hay elementos de convicción que demuestren el tipo de delito y que su defendido no ha firmado ningún contrato.

Tras escuchar a las partes procesales, la jueza Pérez  indicó que se tomará unos días para analizar el caso y luego de ello dará una resolución.

Cuando tenga listo el fallo deberá convocar a audiencia. “Será lo más pronto posible”, advirtió.

La primera fiscal que conoció el caso, Claudia Romero, reveló que la investigación empezó luego de que un contratista denunciara que algunos funcionarios cobraban comisiones del 10% para agilizar los contratos del Ministerio.

Las contrataciones que están bajo sospecha se relacionan con la compra de caballos para la Policía, revisión mecánica de patrulleros, el cambio de kilometraje de carros.

Además, para la adquisición de chalecos, llantas, colchones, municiones, entre otros insumos, en la administración del exministro José Serrano.

Romero dejó el caso para otro fiscal, luego de denunciar que fue objeto de intimidación y aseguró que detrás de estas personas involucradas en el delito hay actores políticos de mucha influencia.

Manifestó que recibió llamadas, para exigirle que excluyera a tres de ellos de las indagaciones y que ha sido víctima de dos actos intimidatorios desde que empezó la investigación.

Aquello fue ratificado en 2017 por el entonces fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Esta autoridad ordenó que se investiguen las intimidaciones y presiones denunciadas, además de que se abra una nueva investigación por supuesto tráfico de influencias. (I)