De conformidad con lo resuelto por la jueza nacional de Garantías Penales, Daniella Camacho, el pasado lunes 18 de junio, el expresidente de la República, Rafael C., deberá presentarse hoy, y cada 15 días, en la secretaría general de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esto como consecuencia de que el exmandatario fue vinculado a la instrucción fiscal que lleva adelante la Fiscalía en el caso del secuestro al exasambleísta Fernando Balda.

Sin embargo, el cumplimiento de esta medida cautelar está en duda de que se ejecute, luego de que, el pasado viernes, el propio Rafael C. anticipó que no concurrirá a la diligencia.

“Tengo algunas cuestiones familiares: mi hija sufrió un accidente de tránsito grave, está en mi casa, ella estaba haciendo la pasantía en Ginebra, estudia en París, y no puedo dejar a mi familia en este momento”, señaló.

A esto se suma el pedido de la bancada de asambleístas, concejales, parlamentarios andinos y dirigentes de la Revolución Ciudadana, al expresidente de la República de que no regrese al país y no se presente hoy en la CNJ.

“Esto lo hacemos en vista de que el fiscal encargado (Paúl Pérez), al igual que las otras autoridades designadas, no ha cumplido con el artículo 120 de la Constitución, numeral 11”, dijo la legisladora Gabriela Rivadeneira.

Ella se refiere a que las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no se habrían posesionado constitucionalmente y por tanto carecerían de legitimidad.

Lo que establece la ley

No obstante para estos casos, el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es claro y determina lo que le puede suceder al exmandatario si no cumple  la orden judicial.

“Si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de la libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una medida cautelar privativa de la libertad”, precisa la norma.

“El COIP es sumamente claro y el vinculado no puede tener otra posibilidad. Entonces, se suspende la medida cautelar que tiene y se ordena la prisión preventiva”, precisó Ramiro Román, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El penalista Patricio Abad ratificó lo anotado y dijo que en caso de que Rafael C. no se presente en la CNJ le corresponde actuar al fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez Reina. “Debe pedir a la juzgadora que inmediatamente ordene la prisión preventiva”.

El jurista Jorge Acosta recordó que la decisión de la jueza Daniella Camacho fue por una de las medidas alternativas a la prisión preventiva, y al ser resolución debe cumplirse a “rajatabla”.

Enfatizó que es improcedente que la defensa del exmandatario presente alguna acción legal para justificar o evitar su inasistencia.

“Pedir medidas sustitutivas de una medida sustitutiva, no cabe, está dictada la medida sustitutiva y esta se cumple o no se cumple. Si se cumple avanza el proceso en esa condición, caso contrario se la revoca y se dicta la que corresponde, la que es un poco más draconiana”.

Hasta el 18 de julio tiene la Fiscalía para investigar sobre el caso de secuestro del activista político Fernando Balda, ya que en esa fecha terminará el plazo otorgado por la jueza Daniella Camacho para la instrucción fiscal.

Por esta razón en los próximos 16 días se intensificarán las diligencias, entre ellas la extracción del contenido de un cuarto audio proporcionado por el principal implicado en el caso y cooperador eficaz, el exagente Raúl Ch.

Además, se definirán fechas para que personas que han sido mencionadas en la indagación previa acudan a la Fiscalía a rendir versión libre y voluntaria.

Entre ellas está el exministro de Turismo, Fernando Alvarado; el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, entre otros.

De igual manera, Fernando Balda anticipó que solicitará ser incluido como acusador particular de Rafael C. (I)