La Contraloría del Estado detectó algunas presuntas irregularidades en el proceso de reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó a Manabí y Esmeraldas.

Un informe borrador del organismo de control determina de manera preliminar que 10 empresas contratistas calificadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) recibieron anticipos por $ 2’865.986 (70%), pero que las obras y reparaciones se entregaron de forma parcial.

En el examen, que analizó el período del 16 de abril de 2016 al 31 de mayo de 2018, la Contraloría encontró, por ejemplo, que ciertas empresas tuvieron 640 días de retraso en la entrega de obras, cuando solamente se establecía un plazo de 90 días.

Estas compañías, supuestamente, no certificaron fotográficamente el antes, durante y después de los trabajos de intervención. Tampoco hubo informes técnicos de los procesos. Al frente del Miduvi estuvieron en el período analizado por la Contraloría las ministras María de los Ángeles Duarte, Katiuska Miranda y la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña.

Problemas en 108 viviendas

La Contraloría analizó a la empresa Duretor S.A. y determinó que mantenía un contrato de emergencia para obras de reasentamiento de Canoa por $ 771.367,16, por ello no podía participar en obras de reparación y construcción de viviendas. Sin embargo, el informe indica que la empresa obtuvo, supuestamente, el contrato por $ 1’080.000 para trabajos en 108 viviendas de Canoa.

En una de las conclusiones del informe se establece que hubo problemas en algunas cerraduras de puertas tamboradas y planchas sin pintar.  También que se otorgaron $ 44.949 para supuestamente el avance de obras, pero que no se entregaron los componentes y precios unitarios.   

Además, según la Contraloría, esta empresa no habría proporcionado información de su experiencia, del equipo y personal mínimo necesario para las obras asignadas, ya que, por ejemplo, se debían presentar 18 equipos y solo entregó seis. También se requerían los nombres y cargos de ocho funcionarios y solo se dio el nombre de tres residentes de obra.

Multas sin cobrar en las obras

Según la Contraloría, la empresa  SCG Ingeniería Compañía Ilimitada se encargó de fiscalizar el contrato de 108 viviendas en Canoa, que ejecutó la empresa Duretor S.A. Sin embargo, el examen borrador establece que la empresa fiscalizadora incluyó gastos extras por un total de $ 1.990,76.

El informe dictamina que Duretor S.A. firmó el contrato con el Miduvi por $ 74.054,69 y el plazo de 120 días. Pero la empresa SCG le habría dado una prórroga de 60 días adicionales, mas no existirían documentos que certifiquen la postergación. Por ello, la Contraloría estima que no se habría cobrado $ 23.401 como multas por 316 días de retraso.  

Experiencia de contratista

También la Contraloría encontró problemas en un contrato con la empresa Piceno S.A. que, entre otros, tenía a su cargo la construcción de 15 viviendas. El organismo de control halló que esta empresa no contaba con la experiencia necesaria para estos trabajos.

Piceno S.A. incluyó en este apartado obras por $ 240.000 que, supuestamente, ejecutó con el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Contraloría determinó que la empresa fue subcontratista en el 30% de las obras que colocó como experiencia propia.

En la lectura del informe borrador acudió un asesor de la exministra Katiuska Miranda, quien señaló que su defendida envió pruebas de descargo.

Este Diario intentó comunicarse con Duretor S.A. y Piceno S.A., a los números que constan en la Superintendencia de Compañías, pero no se obtuvo una respuesta. (I)

Informes
Etapas de la Contraloría
Según la Contraloría, los informes borradores están sujetos a cambios, ya que se inc luyen las pruebas de descargo que envíen los funcionarios vinculados en los procesos investigados por esta entidad.  

5  días tienen los vinculados para presentar sus pruebas de descargo, luego de la lectura del informe borrador.  Eel control de

Calidad
Previamente a la lectura los informes pasan por el Departamento de Control de Calidad.