En medio de la emergencia sanitaria por la presencia del covid-19, un nuevo caso de presunta malversación de fondos o peculado se presentó en el proceso de contratación de compra de mascarillas para el hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil.

Por redes sociales ya se anunciaba el tema. Para explicar la situación de este proceso, el 28 de marzo de 2020, los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en un comunicado oficial, indicaban que el proceso contractual de adquisición de insumos y equipos de seguridad, entre ellos mascarillas N°95, no se había culminado, porque se suspendió la compra. “No se tramitarán órdenes de compra en relación a este tema”.

Además decía que de existir proveedores con capacidad para abastecer, de manera inmediata y a nivel nacional, a “nuestras casas de salud, hacer llegar sus propuestas”.

Pero esto no quedó ahí. El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, se encargó del caso y dispuso que se haga una auditoría inmediata al proceso de contratación de insumos para covid-19, mascarillas.

“Usaré mi atribución de fiscalización para determinar si existió o no alguna irregularidad en medio de una emergencia sanitaria”. Dos días después del escándalo, 30 de marzo, el director general del IESS, Miguel Ángel Loja Llanos, renunció irrevocablemente al cargo.

Granda dijo este jueves 2 de abril de 2020, ante el Pleno de la Asamblea, que conoció a Loja en la embajada de España y fue el Consejo del IESS que lo puso en ese cargo. Además puso a disposición de los legisladores su estado financiero para que sea sometido a una investigación.

Sobre los contratos de comunicación y compra de mascarillas, dijo que se suspendieron y no se dio un solo centavo. Aseguró que no dará un pasó al costado, porque el servicio público es una vocación.

Fiscalía inicia indagación

La investigación previa ante las presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos por el IESS para combatir el covid-19 se inició con allanamientos en las instalaciones de la Dirección General del Seguro Social y otros inmuebles, ubicados en Quito, Cuenca y Guayaquil.

Mas falló el ingreso a la empresa Almantop S.A. a la cual se pretendía adjudicar el contrato, porque la dirección registrada corresponde a otra compañía. Tampoco se efectuó el allanamiento a las oficinas de la Dirección Provincial del IESS, porque el juez Ricardo Ramos no lo autorizó.

Sin embargo, el titular de esa dependencia, Abraham Bedrán, en un comunicado difundido este jueves 2 de abril, abría las puertas a la Fiscalía y Contraloría y otras entidades de control para que recaben información.

Contralor investigará a todos

Desde el martes 31 de marzo de 2020 los auditores de la Contraloría revisan exhaustivamente parte de los documentos sustentatorios del proceso previo al contrato fallido, indicó Pablo Celi, titular de la entidad, en una entrevista con Ecuavisa.

En el proceso de auditoría están incluidos todos los niveles direccionales, de planificación, de análisis jurídico, de gestión administrativa y de resolución, que intervinieron en la operación. (I)