Patricia Cuenca cubrió su rostro con unas gafas oscuras, presionó unas carpetas contra su pecho y salió de la Fiscalía 10 de Garantías y Personas, donde -por tres horas y media- rindió versión libre y voluntaria por los delitos sexuales ocurridos en la Unidad Educativa Aguirre Abad donde fue rectora. Al salir se encontró con parientes y allegados a las víctimas, pero no pronunció ninguna palabra.

Su abogado, Diego Vejar, solo aseguró que es inocente y que ella sí denunció en la Fiscalía lo que pasó en el establecimiento. Sin embargo, César Peña, fiscal encargado de la investigación, aseveró que Cuenca “el día del allanamiento (6 de octubre) me indicó que había puesto la denuncia, que la tenía en físico y que me la haría llegar, pero el día de hoy me entero, por versión de ella misma, que no la puso sino que lo hizo la mamá de un niño ofendido.

Dijo que existen protocolos y que primero lo dio a conocer al Distrito, cuando la ley la obliga a denunciar en la Fiscalía”. El funcionario informó que la ciudadana tuvo una serie de contradicciones al referirse a lo que pasó con la información que entregaron los padres. Durante la diligencia, Peña le solicitó el teléfono para hacerle pericias y ella accedió a entregárselo.

“Queremos determinar si tiene contactos con los otros implicados, si existen mensajes o alguna cuestión que la vincule de manera directa con este caso”, dijo.

Esto además de la investigación que se sigue en su contra por el delito de fraude procesal. Peña agregó que la tarde del martes se efectuó otro allanamiento en el colegio para retener bienes, como algunos CPU, para obtener más información.   

Hernán Ulloa, abogado que representa a las víctimas, enfatizó que “la ley no establece que previo a una denuncia se sigan protocolos administrativos. La rectora dice que siguió estos últimos, pero el Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula la obligación de denunciar. Si lo omitió por desconocimiento, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, y sino fue así puede ser que conocía estos actos y protegió a los funcionarios”.

Indignación de Marjorie

Marjorie G., madre de uno de los estudiantes perjudicados por uno de los profesores procesados por abuso sexual, está indignada por la actitud de la exrectora que hizo caso omiso a sus denuncias. Ella, que estuvo en la Fiscalía, durante la comparecencia de Cuenca, dijo en una entrevista en Radio Pública que su hijo le confesó que fue víctima de abuso por parte de un profesor en el baño del colegio, al igual que otro niño.

Por ello el 14 de septiembre acudió al departamento de consejería estudiantil (DECE) y presentó la denuncia, pero no pasó nada. Su hijo identificó al agresor sexual como Egry M. y cuando dialogó con la exrectora para que lo separe del colegio (ahora es prófugo de la justicia), ella le contestó que no podía botarlo porque la demandaría. Ella y otro padre de familia presentaron la denuncia en la Fiscalía y acudieron con la Policía al plantel para detener a los profesores.       

Marjorie manifestó que su vástago quedó con trauma y que no quiere volver al colegio. El Ministerio de Educación le dará una beca hasta que se gradúe en otro plantel.

Una nueva víctima

Emmanuel, inquieto, paseaba por los pasillos de la Fiscalía Provincial de Guayas al tiempo que la rectora daba su versión. Luisa, su madre, decidió ayer denunciar que él también había sido víctima de un profesor del Aguirre Abad, precisamente de Egry M., quien continúa prófugo.        

Antes tenía temor, pero ahora entiende que el silencio no es la mejor opción. “Mi esposo no quería que me metiera en problemas, por eso no denunciaba”. El niño tiene el 77% de discapacidad intelectual, según lo certifica un carnet del Conadis, y sufre de ataques epilépticos. Él, dice su madre, es muy apegado a su hermana Ángela, quien se graduó a inicios de año en el mismo plantel.   

A ella le confesó que una tarde, cuando iba al baño, el profesor lo agarró fuertemente de la mano, pero él logró soltarse y correr. Disgustado el docente le gritaba: ¡Oye ven acá!, y lo siguió hasta el aula, donde se dio por vencido, pues estaba una profesora. Este hecho no ocurrió este año, sino a finales del periodo lectivo 2016-2017, cuando el pequeño estaba en segundo de básica.

Ángela supo de qué maestro se trataba porque le enseñó las fotos de los profesores que a ella le daban clases. “Él es, él es”, le dijo asustado.

La joven revela que en 2014, cuando ella empezó sus estudios en ese establecimiento, ya se conocía que Bryan M., uno de los tres docentes que guarda prisión preventiva, abusaba de niños y también de adolescentes, “pero no lo decían por miedo. Nos ponía apodos, nos decía mongolos o descerebrados”.

La progenitora, quien ahora va a clases con Emmanuel, asegura que aquello pasó un día que él niño llegó orinado, pues nunca antes le había pasado eso. “Me dijo que a algunos niños les daba dulces, helados”, expresó mientras sostenía unas hojas volantes con la convocatoria a un plantón a realizarse el sábado a las 10:00, en 9 de Octubre y Malecón, en el centro de Guayaquil.

Mónica también estaba ahí. Su hijo no sufrió ningún abuso, pero dice que no puede ser indiferente. En una carpeta azul lleva las fotos del prófugo de la justicia y por donde pasa pega la imagen en la que se anuncia la recompensa de $ 10.000 por información de su paradero. “Las que pongo cerca del colegio las sacan, no sé cómo algunas personas están de parte de ellos”. Además anunció que nueve madres cuidan los baños de la institución por la mañana y por la tarde.  

Pese a esto hay “niños que tienen terror de ir a la escuela, lloran y faltan. El nuevo directivo está apoyando, no como la anterior rectora que decía que tenía contactos y que las denuncias las podía poner en el tacho de basura, o que si hablábamos nos acusarían por injurias”. (I)

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Defensoría del Pueblo zonal inició investigación

El coordinador general de la Defensoría del Pueblo de la zona 8, Franklin Zambrano Loor, inició una investigación de oficio en tutela del derecho a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes supuestamente agredidos sexualmente en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad.

El titular del organismo de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) notificó el inicio de la indagación a los ministerios de Educación, Salud, Justicia y otras entidades como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y a todos los consejos y Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos.

Zambrano convocó a los representantes de estas instituciones para el 24 de octubre en las oficinas de la Defensoría.   

Según el oficio de notificación, en el encuentro se tratará ‘la efectiva y eficaz aplicación de las directrices, rutas y protocolos de actuación ante la detección de casos relacionados con el derecho a la integridad personal de los menores en los establecimientos educativos.’  

Además se solicita a la Fiscalía que remita un informe estadístico sobre los procedimientos penales iniciados, en sustanciación o concluidos, relacionados con infracciones contra la integridad de menores. Cabe destacar que esta investigación se realiza paralelamente al seguimiento de las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía del Guayas sobre esta causa. (I)

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Red de Maestros rechaza violencia en instituciones   

La coordinación nacional de la Red de Maestros presentó ayer una resolución frente a las denuncias de violencia sexual en instituciones educativas del país. El pliego consta de siete puntos que incluyen el rechazo categórico a todo acto que violente los derechos de los estudiantes del país; mantenerse vigilantes para que se cumpla el debido proceso y se actúe con todo el rigor de la ley contra los implicados.

Además repudia el oportunismo, la politización y la manipulación de un tema altamente delicado. También se solidariza con los padres de las víctimas y repudia los intentos de afectar a la Red de Maestros pretendiendo involucrarla en hechos tan detestables. También exige responsabilidad en la información para que no se generalice y solamente se cuestione a los docentes que no han sido el reflejo de los principios del magisterio. Finalmente exhorta a aplicar las sanciones contempladas en el estatuto y el código de ética a todo miembro que violente los principios.

Wílmer de la Cruz, presidente de la Red, hizo un pedido a José Serrano, titular de la Asamblea, para que dé trámite al proceso de análisis a la reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en la Comisión de Educación y pase a primer debate. “Pediremos que conste que maestro involucrado -debidamente comprobado- en actos en contra de los derechos de los niños y adolescentes sea separado y no ingrese al sistema educativo fiscal o particular del país”. (I)