Dejaron en libertad a narcotraficantes. Eso hicieron una magistrada en caso de Jorge Luis Zambrano González, alias "Rasquiña", jefe de Los Choneros. Y tres jueces en el caso de Julia Mero, pareja de Édison Prado Álava, alias "Gerald", conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, quien traficó 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según el portal Insight Crime.

La magistrada que liberó a Zambrano tiene un sumario administrativo abierto por el Consejo de la Judicatura (CJ). Mientras los otros tres fueron separados de sus cargos.

Pero esos jueces y otros que han salido de la Función Judicial por supuesto error inexcusable o negligencia manifiesta podrían regresar a sus despachos.

¿Por qué? La Corte Constitucional (CC) emitió el pasado viernes una resolución que señala: “el CJ no puede iniciar sumarios disciplinarios contra jueces de forma directa”.

Esto significa que solo con la decisión de un tribunal superior se podría iniciar un sumario administrativo a nivel del CJ.

Caso "Rasquiña"

La jueza de la Unidad Penal de la Latacunga, Alzira Benítez Telles, le otorgó la prelibertad a Jorge Luis Zambrano González, alias "Rasquiña", el pasado 6 de junio de 2020. Él cumplía una sentencia condenatoria ejecutoriada de 20 años, por el delito de asesinato.

Zambrano es el cabecilla de banda de Los Choneros, supuestamente vinculada al cartel Sinaloa, de México, dedicada al narcotráfico, sicariato, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas.

Los Choneros también se disputan el control al interior de los centros de detención del país con otras bandas delictivas. El último enfrentamiento entre ellos y Lagartos fue el 3 de agosto pasado, en el Centro de Varones de Guayaquil. Once presos, integrantes de Los Lagartos, murieron a tiros, dos de ellos, además, fueron quemados. Los Choneros se proclamaron victoriosos y desde allí la Policía presume que controlan el tráfico de drogas, el negocio del que solo se sale muerto.

A pesar de todos estos antecedentes y el prontuario de Zambrano, la jueza le concedió la prelibertad. Actualmente, la magistrada está bajo sumario administrativo del Consejo de la Judicatura (CJ) por esa actuación.

El CJ señaló, en un comunicado de prensa el pasado 6 de junio de este año, que al actuar de esta forma, la jueza habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia y dolo.

Ambas conductas que se encuentran previstas como infracciones disciplinarias, en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Sin embargo, la jueza Benítez justificó la prelibertad del detenido y explicó que no se ha vulnerado el debido proceso.

Pero ese no es el único caso que ha ventilado de esa manera la jueza Benítez. Ella también rechazó la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía de Cotopaxi contra el excanciller Ricardo Patiño, el 13 de abril 2019, por el presunto delito de instigación.

Después del fallo, la Fiscalía sostuvo que “la actuación de la jueza Benítez ha contribuido a que el proceso no se desarrolle como exige la Ley”. También pidió al Consejo de la Judicatura que revise su actuación, y a la Contraloría General del Estado que realice un análisis a su patrimonio.

Mientras, el exministro de Relaciones Exteriores, del gobierno de Rafael Correa, se fugó de Ecuador y está en México.

Caso Julia Mero

Lo mismo ocurrió en el caso de Julia Mero, pareja de Édison Prado Álava, narcotraficante, extraditado y sentenciado a 19 años de prisión en Estados Unidos.

Mera fue sentenciada a 28 meses en la cárcel por crimen organizado. Sin embargo, tres jueces de la Corte Provincial de Guayas: Marco Jirón Coronel, Luis Muga Passailague y Carlos Pinto Torres, emitieron una acción de hábeas corpus a favor de la pareja del llamado Pablo Escobar ecuatoriano y la liberaron, el 13 de abril de 2018.

Los magistrados justificaron su actuación y dijeron que existió vulneración de los derechos constitucionales de Julia Mero. La medida se adoptó pese a que existía una sentencia ejecutoriada.

Pero la pareja del narcotraficante Prado se mantuvo en libertad solo durante cinco días, después fue detenida nuevamente porque tenía otros procesos judiciales: lavado, envío y financiamiento de droga y lavado de activos.

Los tres jueces que liberaron a Mero fueron separados de sus cargos.

¿Quién era alias "Gerald" ?

El compañero de vida de Julia Mera lideraba una organización narcotraficante en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca de la costa Pacífica colombiana.

Él trabajó de lanchero del grupo criminal Los Rastrojos (2004) y cobraba 50.000 dólares por cada cargamento de droga para llevarlo a México, Costa Rica, Guatemala y Panamá, según el portal web Insight Crime.

Seis años más tarde, la Policía colombiana había capturado a Los Rastrojos y Prado se quedó de capo de la agrupación del vecino país.

Alias "Gerald" también tenía a su servicio una red de sicarios para controlar el paso de droga a lo largo de las costas de Guayas y Manabí, mientras que en Esmeraldas brindaba seguridad a cargamentos de drogas que llegaban del municipio de Tumaco (Nariño), dice Insight Crime.

Desde Tumaco, Prado enviaba hasta 10 lanchas rápidas por semana, con cargamentos de entre “800 kilos y una tonelada de cocaína cada uno”. Según la revista colombiana Semana, el ecuatoriano también prestaba servicio de transporte ocasional a grupos narcotraficantes a los que les cobraba 2.000 dólares, por cada kilo, hasta Costa Rica o Guatemala.

Prado se convirtió en un hombre rico y poderoso, no obstante, cayó gracias a la labor de autoridades ecuatorianas y colombianas. Él fue detenido tres veces, pero siempre salió en libertad.

Finalmente, fue capturado y arrestado en Colombia y después extraditado a Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 19 años de prisión.

Sin embargo, con todos estos antecedentes, los tres jueces liberaron a su pareja, Julia Mero, a pesar de que los indicios contra ella eran de consideración.

¿Qué dicen los abogados sobre jueces que liberan a narcotraficantes?

Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, dijo que el caso de alias "Gerald" se lo manejó siempre en forma seria y transparente.

Merlo contó que dos implicados en ese caso, justamente Julia Mero y un pariente, estaban en cárceles diferentes (Turi y Latacunga). “Los abogados de estos narcos tienen muchos recursos y trataron que la diligencia, la formulación de cargos, que era en un juzgado de Guayaquil, se dilate y prescriba la prisión preventiva contra ellos”.

El responsable del manejo de la cárcel de Guayaquil no anticipó al juzgado que ellos debían presentarse en 48 horas y que no estaban en esa ciudad. La diligencia no pudo realizarse ese día. No obstante, lograron que el juzgado acepte la prescripción y convoque para un nuevo día.

Organizaron el traslado de ambos en secreto y planificado para que lleguen a la hora de la audiencia, a las 08:00, al Puerto Principal. Todo se cumplió y con eso se evitó que los detenidos salieran en libertad.

Según Merlo, siempre pidió al delegado provincial del CJ que vigile el comportamiento de los jueces en este caso, porque los acusados tienen el poder del dinero para presionar y hasta sobornar a los jueces.

Para él, los jueces que liberan a narcotraficantes, a pesar de las evidencias, deberían ser sancionados por el CJ, siguiendo el debido proceso, y evitar que ellos acudan a la Corte Constitucional.

Ramiro García, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, mencionó que los jueces tienen que aplicar el derecho con todos, con narcotraficantes y procesados por el delito que sea.

La Corte Constitucional no resolvió proteger a los jueces que liberan a los narcotraficantes, sino que el Consejo de la Judicatura no puede aplicar la figura del error inexcusable o de la negligencia manifiesta sin una decisión judicial previa.

Es un gran avance porque significa que el CJ no puede decidir sobre los jueces como ente administrativo y no puede aplicar una sanción disciplinaria por las actuaciones de los magistrados.

Está claro que no se puede tener una buena administración de Justicia si no hay independencia judicial. Solo un juez superior puede decir que un juez inferior se ha equivocado, no el CJ.

Jorge Zavala Egas, doctor en Jurisprudencia, director del posgrado en Leyes de la Universidad Espíritu Santo, mencionó que el Consejo de la Judicatura puede sancionar a jueces cuando se trata de error inexcusable, si hay una resolución de un órgano superior. En ese caso el CJ debe aplicar esa resolución. Eso es para preservar independencia de la justicia.


Entrevista

"El Estado debe crear entornos donde los jueces no sean fácilmente sobornados"

La constitucionalista y editorialista María Dolores Miño conversó con El Telégrafo sobre la resolución de la Corte Constitucional.

Una jueza liberó a un narcotraficante, líder de Los Choneros, acusado del asesinato de varias personas. Otros tres jueces le concedieron el habeas corpus a Julia Mero, pareja del llamado Pablo Escobar ecuatoriano, sentenciado por tráfico de drogas a Estados Unidos.

¿Por qué los jueces liberan a narcotraficantes?

En esos casos, la pregunta no es a quién se la dieron, sino la reunión de los requisitos en la ley para obtener esos beneficios. Si tales requisitos se configuraban, legalmente podían acceder al beneficio y estaría bien.

Estos jueces pueden ser sancionados e investigados. ¿Por qué organismo y cuáles son las sanciones?

Según la sentencia de la Corte Constitucional emitida el viernes, solo mediante la existencia de una decisión de un tribunal superior donde se reconozca la existencia de error inexcusable o negligencia manifiesta, podría iniciarse un sumario disciplinario a nivel del Consejo de la Judicatura. Ahora, también se podrían iniciar investigaciones de tipo penal si su conducta caracterizara un posible delito, lo cual no supone, claro, que sea constitucional iniciar investigaciones a cada juez que falla de una forma incómoda o impopular, aunque legal.

¿Esos jueces que liberan narcotraficantes deben volver a la Función Judicial o es preferible que sean alejados de ella?

Un juez solo puede ser separado del cargo por faltas graves, y para llegar a tal determinación, se requiere de un debido proceso. Si en ese contexto se determina que se cometieron faltas o delitos, un juez podría ser separado. En otros casos, si la infracción no es grave, una suspensión temporal podría ser suficiente.

¿Cómo evitar que los jueces sean comprados por narcotraficantes?

Difícil pregunta. Parte de las obligaciones estatales con respecto a la independencia judicial es crear entornos donde los jueces no sean fácilmente sobornados. Esto se logra, por ejemplo, mediante salarios dignos y proporcionales a la naturaleza de sus funciones, otorgarles seguridad personal, incluso capacitaciones en el tema.

Creación de mecanismos de denunciantes dentro de la Función Judicial, para que se puedan denunciar casos por parte de otros operadores judiciales, usuarios o el personal administrativo, en fin. Ciertamente en casos donde hay indicios sólidos de que un juez ha incurrido en un acto de corrupción tiene que ser investigado y si procede, sancionarlo, pues lo contrario supone fomentar la impunidad. Ahora claro, nada de esto asegura que tales hechos no puedan a darse alguna vez. (I)