El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), en nombre del Estado ecuatoriano, ofreció disculpas públicas a Daira Olinda Portocarrero Hurtado en cumplimiento de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció vulneraciones a los derechos de la mencionada ciudadana a través del sistema de justicia.

En 2014, Daira Portocarrero fue detenida por la Policía Nacional por portar 98 gramos de cocaína. Fue procesada por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y luego del llamamiento a juicio, se ordenó su detención en firme.

En 2006, el extribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la figura de la detención en firme y la señora Portocarrero presentó un recurso de hábeas corpus ya que había transcurrido el plazo máximo legal establecido para su detención, sin embargo, éste fue negado. Ella apeló dicha resolución ante el ex Tribunal Constitucional sin respuesta favorable.

En mayo de 2008, la Corte Superior de Justicia de Quito la sentenció a 8 años de prisión y al pago de 80 salarios mínimos vitales como cómplice del delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

➡️ #AHORA | Inicia el acto de Disculpas Públicas para la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado en el marco de las reparaciones que realiza el Estado ecuatoriano conforme al informe de Fondo No. 22/18 de la @CIDH. Míralo #EnVivo ?? https://t.co/t4QnPeg1gz pic.twitter.com/328pqBZpp8

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) November 9, 2018

El 14 de julio del mismo año, la Asamblea Constituyente aprobó la “Resolución para el Indulto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”. La defensa de la señora Portocarrero solicitó entonces la respectiva orden de excarcelación, la cual se emitió el 5 de agosto de 2008. Ella permaneció detenida bajo la figura de la “detención en firme” durante 26 meses.

El acto se desarrolló el viernes 9 de noviembre, en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito, en presencia de los vocales del CJ, Aquiles Rigail, Angélica Porras, el director general de la institución, Juan Vizueta; la señora Portocarrero; delegados de varias instituciones, entre otros.

“El Estado ecuatoriano, a través del Consejo de la Judicatura, reconoce su responsabilidad por los hechos que generaron la privación arbitraria de su libertad y ofrece sus sinceras disculpas a la señora Daira Olinda Portocarrero Hurtado y a sus familiares”, expresó Rigail. (I)