Habitantes del sector La Estacada, en el cantón Pedro Carbo (Guayas), denunciaron que en el sitio funcionaba clandestinamente una clínica para rehabilitación de adictos y que desde ahí había personas que salían a delinquir.

Agentes de la Fiscalía realizaron un allanamiento y detuvieron al administrador, por tenencia de una subametralladora Mini Uzi, y a un ciudadano que estaba escondido en un altillo y que amenazó con arma a los policías que participaron en el operativo.

Las personas que vivían en los alrededores también revelaron que los pacientes no iban a recuperarse ni a tratar su adicción, sino que se encontraban para seguir consumiendo y cometer actos delictivos.

En el lugar había 18 personas bajo los efectos de narcóticos. Ellos fueron asistidos por personal de salud, para luego ser entregados a sus familiares. El local fue clausurado.

El administrador del establecimiento no pudo justificar el origen de la subametralladora. El otro ciudadano que estaba escondido para evitar su aprehensión tiene una boleta de detención pendiente por asesinato.

La audiencia de flagrancia y formulación de cargos se realizó a través de videoconferencia, en la Unidad Judicial de Pedro Carbo.

El fiscal Hugo García Vargas presentó, entre los elementos de convicción, el parte de detención, la denuncia reservada de varios moradores y las dos armas incautadas en el operativo.

Estas fueron ingresadas a cadena de custodia de la Policía Judicial y serán analizadas para descubrir si fueron empleadas en otros hechos delictivos.

El juez Hanz Jiménez acogió pedido fiscal y dictó prisión preventiva en contra de los dos detenidos, Jair José Ch. Q. y Joffre Efrén M. B. y dispuso de treinta días para el cierre de instrucción fiscal.

Según la Fiscalía, los ciudadanos fueron procesados por tráfico ilícito de armas de fuego, tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)