El Municipio de Quito no se escapa de los hechos de corrupción registrados durante la emergencia sanitaria por covid-19.

En menos de dos semanas, cinco casos de irregularidades se han hecho públicos y la justicia ya ha intervenido, por lo que tres personas están detenidas, un cuarto está huido y la imagen del Cabildo capitalino y sus autoridades deteriorada.

Los casos
El primer caso se conoció el 27 de mayo, cuando se ejecutaron cinco allanamientos por posible sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR por el covid-19.

El contrato lo realizó Lenín Mantilla, titular de la Dirección Metropolitana de Salud por $ 3,7 millones para la empresa Salumed S. A. Mantilla tiene orden de detención. Ayer fue allanada la oficina de su abogado, Stalin López.

El segundo caso tiene como principal implicado a Guido Andrade, gerente de la Empresa Metropolitana de Agua Potable (Epmaps) por un presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos, por la suma de $ 167.900, a la empresa Silverti, la cual también es investigada por la venta con sobreprecio de bolsas para cadáveres al hospital de los Ceibos, de Guayaquil.

Además de Andrade, otras 4 personas fueron detenidas tras 12 allanamientos el miércoles. Ayer se dispuso prisión preventiva contra el gerente y dos personas. Las otras dos salieron libres.

Un tercer hecho es el presunto desvío de $ 1,3 millones de la cuenta de Epmaps hacia China y Estados Unidos. El martes, el alcalde Jorge Yunda denunció  hackeo de las cuentas, pero, el Banco Central alertó que no hubo vulneración, sino un desvío de fondos.

El cuarto caso que se investiga se refiere a las denuncias sobre un presunto cobro de comisiones de hasta el 20%, para ser proveedor del hospital temporal del Parque Bicentenario. En esta causa no hay detenidos.

El quinto proceso de investigación es por negligencia de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, al no cumplir con el ofrecimiento de hacer pruebas de covid-19 al personal que trabajaba ‘en primera línea’ durante la emergencia, pese a que ya se habían adquirido las 100 mil PCR, lo que provocó el contagio de varias personas.

Autoridades removidas
Por tener alguna participación en los hechos investigados, cinco autoridades fueron cesadas: Lenín Mantilla, de la secretaría de Salud; Hernán Alvarado, de la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos; Mauricio Rosales, de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas; Guido Andrade, de la secretaría de Agua Potable; y de Juan Carlos Avilés, de la Secretaría de Ambiente.

Solo 4  de 15 quedaron presos
De los 15 detenidos en los operativos por corrupción realizados el miércoles en Guayaquil, por los casos del hospital Teodoro Maldonado Carbo y Prefectura del Guayas, solo cuatro quedaron con prisión preventiva.

Por las investigaciones del hospital fueron detenidas siete personas, entre ellas el expresidente Abdala Bucaram. Al exmandatario el juez le dispuso arresto domiciliario, y a cuatro la prisión preventiva.

El fiscal César Suárez, en la audiencia de formulación de cargos, presentó documentos en los que se evidenció un perjuicio de $ 3 millones en las compras realizadas por el hospital.

Los otros ocho detenidos son por tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas. Todos, incluido el prefecto Carlos Luis Morales, fueron liberados.

La Prefectura, durante la emergencia, hizo 18 contrataciones por $ 5’606.002, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Entre los procesados está una mujer que obtuvo dos contratos.  (I)

La Fiscalía, inconforme con los jueces
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo pública su inconformidad con la actuación de los jueces que estuvieron a cargo de las audiencias de formulación de cargos, que se desarrollaron entre la noche del miércoles y madrugada de ayer, en contra de los detenidos por los actos de corrupción en la Prefectura del Guayas y del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Se refiere a la decisión del juez, de disponer medidas sustitutivas a los ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a pesar de que Fiscalía justificó la solicitud de prisión preventiva.

Además, la resolución de otro juez del Guayas, Ismael Figueroa, de ordenar arresto domiciliario al expresidente Abdalá Bucaram, contra quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva por el delito de tráfico de armas y municiones.

Consideró que, si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos.

Para Salazar, la lucha contra la corrupción no está firme por parte del engranaje. “La Fiscalía cumplió, la Policía también, y el sistema de justicia representado por los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía, de que los casos de corrupción tienen la posibilidad de continuar”, manifestó. (I)