El catedrático, investigador y coordinador de la Veeduría por la Democracia, César Ulloa, conversó con los Medios Públicos sobre el secuestro a tres compañeros de diario El Comercio, la situación de la frontera norte y las leyes de Comunicación y de Medios Públicos.

¿Cuál es el papel de la Veeduría Ciudadana que usted coordina para acompañar al Consejo de Participación Transitorio?
Se trata de hacer un seguimiento permanente y que se cumpla lo que dijo el pueblo en la consulta popular. Además queremos sugerir y advertir algunos temas que son de la competencia del consejo. También tenemos tres equipos: uno de evaluación a las autoridades; el segundo, de diseño de política pública de lucha contra la corrupción; y el tercero, de criterios para que la designación de las autoridades sea transparente y objetiva.

Ustedes presentaron un informe sobre la legitimidad de origen de las autoridades para llegar a los cargos públicos...
La Veeduría que participó en la designación de Consejo de Participación Ciudadana, a cargo del Consejo Nacional Electoral, advirtió irregularidades y un concurso viciado. No se dieron todas las facilidades para que los veedores observen la participación de los postulantes. El informe dice que se transgredió el sistema informático. ¿Cómo? El notario selló ese sistema, pero a las 23:00 se abrió nuevamente. Además, cuando se entregaron los sobres al consejo cesado había uno con el nombre de una consejera. La legitimidad de origen aclarará las dudas de la ciudadanía.

Por ejemplo, el excontralor prófugo, Carlos Pólit, decidió con antelación que será el contralor. Él presumía que su designación iba a ser con un puntaje de 100 sobre 100. Hay designaciones que no cumplieron con los pasos previstos. El consejo cesado hizo el concurso para fiscal que designó a Galo Chiriboga. Pero él no tenía experiencia penal, ni procesal penal, ni certificó nunca sus horas de docencia. La legitimidad de origen mira las raíces de una institucionalidad viciada que impidió una lucha sistemática contra la corrupción. Las autoridades tenían vinculación con los designados.

La frontera pública requiere de política pública para evitar que se repitan secuestros como el de los colegas de diario El Comercio. ¿Qué debe hacer el Gobierno?
La ciudadanía exige medidas inmediatas, pero el diseño de una política pública requiere de un mediano y largo plazo. El Gobierno tendrá que dotar de lo mínimo a las poblaciones de Esmeraldas para satisfacer sus necesidades básicas: agua potable, alcantarillado, salud, seguridad y defensa. Esas comunidades históricamente han sido olvidadas. El secuestro es un hecho inédito y evidencia que los gobiernos anteriores no quisieron resolver. En esta crisis el Gobierno debe mirar los cuadros que cumplan la experticia en las carteras de Defensa, Interior, y Relaciones Exteriores.

¿Cuál sería la salida?
Frente a las exigencias de los secuestradores hay que apelar a los organismos internacionales, que con un corte humanista y humanitario, ayudarían a negociar el retorno de los colegas. Por ejemplo, la Cruz Roja o el Vaticano. Hay que llamar a la sociedad para involucrarse en los retos de seguridad: narcotráfico, desmovilización de las FARC, los disidentes de la guerrilla. Si bien los gobernantes se reúnen en la Comisión Binacional Fronteriza, eso no significa que trabajen en materia de inteligencia y de seguridad.

¿Qué se puede pedir a Colombia por su responsabilidad en el secuestro?
La Cancillería debe exigir que se cumplan los acuerdos de la Comisión Binacional. El Estado colombiano perdió el control de la frontera hace algunas décadas. Exigir su cooperación, activar los mecanismos de seguridad. Hay una escalada de violencia y de pruebas que nos generan alertas y vulneran puntos estratégicos de las poblaciones.

¿Cuál es la propuesta de la UNP para la seguridad del trabajo periodístico, que es una profesión de riesgo?
El ejercicio de la profesión está expuesto a riesgos y a situaciones críticas. La UNP exige del Estado todas las garantías para velar por la seguridad y la defensa de los periodistas. Se debe revisar el tema de la seguridad que no solo es blindar a una persona para que cumpla con sus actividades, sino también expresarle el apoyo y garantías de la Constitución.

Todo esto nos hace mirar la Ley de Comunicación que no contempla estos casos. ¿Por qué quieren una reforma integral?
Nos preocupa la figura de la Supercom y la comunicación como servicio público. La comunicación no es una cuestión de prestadores de un servicio y de usuarios. Es un derecho humano en un estado de libertades que ayuda a fomentar la democracia. Las sanciones económicas liquidan a medios de provincias, por ejemplo. La Supercom no puede ser juez y parte.

El ex Gobierno usó la comunicación a su favor y creó un estado de propaganda. ¿Por qué es necesaria una ley Medios Públicos?
Un medio público no debe ser considerado gubernamental. Son necesarios para cualquier Estado democrático, expresan el  criterio que demanda la sociedad. No deben competir con medios privados, sus objetivos son completamente diferentes. Los medios públicos tienen la capacidad de sintonizar con aquellas cosas diversas de la realidad. Es importante que los medios públicos tengan su propia legislación puesto que sus objetivos son diferentes.

Aplaudo la manera como EL TELÉGRAFO, Ecuador TV, Radio Pública y la Agencia Andes han cambiado y están abiertos a la pluralidad de criterios y de distintos actores. Estos medios necesitan cierta independencia electoral y autonomía. No deben estar ligados a ningún interés que no sea el de la sociedad. (I)