“No a la cárcel en Conocoto” se lee en más de seis carteles pegados en el cerramiento del centro de internamiento femenino de adolescentes infractores en Conocoto.

En el lugar, ubicado en La Moya (suroccidente de Quito), se encuentran ahora 23 mujeres de 18 años privadas de la libertad.

La Secretaría de Derechos Humanos tenía previsto levantar en el sitio, en donde ahora funcionan bodegas, un centro de privación de libertad para deudores por pensiones alimenticias, pero los moradores se opusieron.

Magaly Gavilanes, una de ellos, señaló que montar un centro de privación de libertad afectaría a la seguridad del barrio. “En la zona hay un Guagua Centro, el parque en donde juegan niños y, por ello, una cárcel no sería beneficiosa”, dijo Gavilanes.

Desde el miércoles 23 de enero realizaron plantones y vigilias en el lugar. El último lunes hicieron una marcha.

El secretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, se reunió con los moradores. “Venimos a encontrar una solución”, dijo a los vecinos.  

Reconoció que fue un error de la Secretaría de Derechos Humanos no conversar la propuesta con los residentes. Sin embargo, indicó que los detenidos por deudas de pensiones alimenticias viven en situación precaria.

Pazmiño calificó como una “injusticia y violación de derechos que en una celda para 20 personas estén 200, entre ellas detenidos por cualquier delito junto con los deudores de pensiones alimenticias”.   

Sin embargo, vecinos como Carmita Rosero creen que con un centro para detenidos por deudas de pensiones alimenticias se fomentaría la inseguridad. Además piensa que luego se traería al resto de privados de libertad a este lugar.

Pazmiño tranquilizó a los habitantes. Señaló que en la zona no se creará un centro de rehabilitación, sino que se analiza crear un centro de salud terapéutico para víctimas de violencia intrafamiliar.

El funcionario de Estado afirmó que en Quito no se cuenta con un sistema de ayuda a las víctimas. Esta sería la primera casa de acogida en la capital.

En el lugar estarían médicos, psicólogos y trabajadores sociales para que orienten, sobre todo, a las víctimas. Sin embargo, los criterios sobre la creación de esta casa están divididos.

Ximena Martínez de Oquendo, moradora del sector, está de acuerdo con que se cree un centro de acogida para víctimas de violencia. “El derecho a la mujer debe precautelarse bajo cualquier cosa”, indicó Martínez.  

Pero, Martín Terán, vocero de los moradores del barrio, afirmó que quienes habitan en el lugar solicitan la ampliación del parque La Moya o que se cree un centro cultural.

Terán afirmó que se debería hacer un estudio técnico sobre el planteamiento de Pazmiño. “Esperamos que la propuesta se socialice y no esté de espaldas al pueblo”.

Santiago Monroy, vecino del lugar, espera conocer la propuesta del centro de acogida para víctimas y quiere saber si los servicios pueden extenderse a la comunidad.

Leda Naula también está de acuerdo con que se amplíe el parque, pero opina que “sí estaría de acuerdo con el centro de acogida si a todos los vecinos les parece bien”.

Este miércoles 30 de enero se reunirán, a las 18:00, con los representantes de la junta parroquial.

Los moradores quieren un compromiso por escrito de que en la zona no se creará un centro de rehabilitación. El viernes, Nathaly Gallardo, presidenta del gobierno parroquial, se reunió con Pazmiño y llamó a los moradores a la “calma”. (I)