El Estado recibirá la cantidad de $ 14’745.297,16, una vez que se ejecutorie la sentencia en el caso Sobornos.

Sin embargo, los jueces del tribunal penal no determinaron la forma en que cada uno de los 20 sentenciados deberá responder frente a la reparación integral.

Esa es la inquietud de la Procuraduría General del Estado, presidida por Íñigo Salvador Crespo. Por ello, presentó el pasado 28 de mayo un recurso de apelación a ese fallo.

La Procuraduría actúa en esta causa como defensora del patrimonio del Estado.

Tal como lo hizo en el caso de peculado contra Álex Bravo, exfuncionario de Petroecuador. En este proceso recuperó la cantidad de $ 37.423.87 de una de las cuentas bancarias registradas a nombre del acusado.

También lo consiguió en el caso de enriquecimiento ilícito contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), María Sol Larrea.

En esta causa se dispuso el embargo del 50% de los derechos y acciones que le corresponden a la sentenciada sobre dos bienes inmuebles y el embargo total de los bienes muebles que constaban en cadena de custodia dentro de esta causa, informó la Dirección de Patrocinio de la Procuraduría.

Reparaciones pendientes

La Procuraduría interviene dentro de las causas penales en forma directa o supervisando el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con entidades públicas.

Durante la etapa de instrucción fiscal, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta entidad ha presentado acusaciones particulares en los casos más importantes que han sido judicializados durante la gestión del Procurador.

Además de Sobornos 2012-2016, también registran seis procesos penales con acusación particular, con lo que la Procuraduría intenta recuperar el patrimonio del Estado (ver gráfico).

Según Fabricio Mena, defensa de uno de los procesadados que resultó inocente en el caso Sobornos, en la sentencia se dispone la multa y la reparación integral que deben pagar los acusados de manera prorrateada, una vez que esté en firme el fallo. (I)