El Consejo de la Judicatura (CJ) de Transición abrirá expedientes disciplinarios en contra de los jueces que no atiendan las causas de violencia en dos horas, que es el tiempo procesal establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para Marcelo Merlo, presidente del CJ, con esta decisión se buscará que las víctimas de violencia no queden en la indefensión y “no prevalezca la impunidad”.

Este criterio compartió la vocal Zobeida Aragundi, quien señaló que como parte de la política pública, que aprobó el pleno del CJ el 27 de noviembre, la Función Judicial garantizará, bajo los principios de celeridad y responsabilidad, una atención adecuada y oportuna dentro de los tiempos procesales que deben ser atendidos para receptar las pruebas y el testimonio anticipado de las víctimas, que no debe estar menos de dos horas desde que se sortea la causa.

La vocal Aragundi destacó que el 60% de mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en Ecuador, “y estas vulneraciones deben ser atendidas en el ámbito público y en el privado, pero hasta ahora la ciudadanía no ha tenido una respuesta clara y efectiva a esta problemática”.

Por ello reiteró que se debe “decodificar las estructuras machistas del país”.

Según la funcionaria, “de oficio se iniciarán los procesos disciplinarios a quienes no atiendan los casos de violencia en los tiempos procesales que la ley dispone”.

También apuntan a una capacitación y sensibilización de los operadores de justicia con enfoque de género intergeneracional e intercultural. De esta manera se creará una mesa de justicia y género. En 30 días se convocará a las organizaciones de mujeres para que se instale este estamento.

Según Merlo, ONU Mujeres encontró que el 60% de féminas se quedan calladas ante la violencia. Desde abril de 2015 hasta abril de 2018 en el país se recibieron 7.531 casos de violencia contra las mujeres, pero solo 3.104 fueron causas judicializadas y 1.532 recibieron sentencias, que representan el 50%.

Hasta el momento solo hay 91 jueces de violencia contra la mujer.

Margarita Carranco, subdirectora de Género del CJ, dijo que se cuenta con 50% de jueces y 28% de personal operativo en las Unidades de Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, la meta era tener 106 jueces a finales de año y 145 hasta 2020, según Merlo, pero no se cumplió ese objetivo, a pesar de tener el banco de elegibles, por la medida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de suspender las atribuciones del numeral 3 de la b. “Nos restaron atribuciones con esa decisión”. (I)