El recuerdo más claro que tiene Dolores Guerra es la voz de su esposo Johnny Gómez a través del teléfono. -Me van a matar, ven hasta el fondo de la PJ (Policía Judicial). Cuida a mi hijo, le dijo.

Nunca más lo volvió a escuchar ni ver. El cuerpo no aparece desde el 19 de noviembre de 2003 luego de una incursión policial en una farmacia ubicada en la calle principal de la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil.

Aquella mañana, aproximadamente a las 07:15, ocho personas fueron asesinadas y de otras tres no hubo rastro, entre ellos Johnny Gómez.

Los familiares de las víctimas se reunieron este lunes 19 de diciembre, como cada año, en el sitio de la ejecución. Van porque consideran que aún no se hace justicia, que no hay respuestas claras.

De un hilo rojo amarrado de postes de alumbrado público, colgaron globos blancos y otros metálicos con el número 15.  En el piso, afuera de la farmacia, que funciona desde esa época, extendieron carteles con los rostros de los asesinados y desaparecidos, algunas imágenes ya descoloridas por el paso del tiempo.

Los hijos de los ejecutados y desaparecidos, ahora adolescentes y adultos, pusieron velas y ramos de flores. El otro desaparecido es César Mata. El día de la masacre cumplía 33 años.

Su madre, Pilar Valenzuela, aparte de contar los años que tendría, cuenta los que no sabe de él. Ahora tiene bisnietos y ellos la animan a vivir. “¿Cómo me puedo olvidar de esa fecha? Nunca dijeron dónde llevaron su cuerpo y ya son 15 años, no hay un solo día que no lo recuerde”.

Dolores Vélez rememora que la última vez que vio a su esposo Carlos Andrade salió a comprar pan, leche y pañales para su hija de tres meses de nacida. Ahora de 15 años.

“Muchas personas dicen que a ‘Las Dolores’ (tres víctimas comparten el nombre) ya se las indemnizó, pero no es así. Hay una sentencia en firme, pero no se nos ha dado ninguna reparación”.

Dolores Briones, esposa de Jimmy Córdova, quien trabajaba como mensajero de la farmacia, insiste en que el caso aún no está solucionado.

“Estamos reclamando los derechos como esposas e hijos, todos los años nos verán reclamando. Además de que no tenemos todo claro, aún hay muchos cabos sueltos”.

Mariuxi Gaibor era conviviente de Germán Aguiar, también muerto. Ella quiere que su hija, de 15 años, sea reconocida como víctima. “En el proceso ella no consta y no puede asumir su derecho de una reparación. En su momento no puse acusación particular por miedo, yo tenía apenas tenía 18 años y mi hija de ocho meses fue legalmente reconocida por él. Otra señora que era su esposa reclamó sus derechos”.

Billy Navarrete, secretario del Comité permanente de Derechos Humanos (CDH), destacó que, pese a la reapertura del caso, las respuestas no han sido favorables para las víctimas. “No han recibido ni verdad ni justicia”.

Por este caso hay cinco sentenciados a 16 años de reclusión. (I)