Lo que nació como una investigación periodística, hoy se ha convertido en el mayor caso de corrupción del Gobierno de la “Revolución Ciudadana”, que ha llegado hasta los tribunales de justicia.

En 25 días se cumple un año de que el portal digital Mil Hojas publicó el artículo titulado: “Odebrecht y otras multinacionales, pusieron presidente en Ecuador”.

De la publicación se desprende información sobre la entrega de aportes “voluntarios” de empresas privadas para las actividades políticas del Gobierno y del partido del exmandatario Rafael C., entre ellas las campañas electorales, a cambio de asegurarles contratos con el Estado.

Inicialmente el caso se lo denominó “Arroz Verde”, porque se reveló el contenido de un correo electrónico recibido por Pamela M., exasesora del presidente Rafael C., con un documento adjunto titulado “Receta de Arroz Verde 502”.

Este documento contiene información sobre presuntos aportes de varias empresas, entre ellas Odebrecht, al movimiento Alianza PAIS durante el período comprendido entre noviembre de 2013 a febrero de 2014.

El remitente del correo era Geraldo Luiz Pereira de Souza, encargado de la administración y finanzas de la constructora brasilera en Ecuador.

Fue la punta del ovillo, porque tres días después de publicada la investigación (el 3 de mayo de 2019), la Fiscalía inició una investigación previa para determinar la veracidad de la información.

La indagación inició por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, con la finalidad de indagar sobre la existencia de la estructura relatada por el reportaje y que estuviese conformada por funcionarios públicos y empresarios.

Cumpliendo todas las etapas procesales y superando obstáculos, el caso avanzó en el sistema judicial (ver infografía) hasta que hoy se encuentra en su punto máximo, que es la sentencia.

Lo comprobado

En este casi un año de investigación la Fiscalía recabó más de 500 evidencias o elementos de convicción que confirman la existencia del ilícito, pero la fiscal general del Estado, Diana Salazar, decidió avanzar con la acusación por el delito de cohecho.

El número de acusados llegó a 26, pero a la audiencia de juicio llegaron 21. Estos son: el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A., María de los Á. D. y Walter S.

Así como el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis M., la asambleísta Viviana B., el exlegislador Chistian V., las exfuncionarias de la Presidencia Pamela M. y Laura T. y 10 empresarios.

En el juicio la fiscal Salazar presentó como pruebas tres testimonios anticipados, 31 testigos y peritos, así como 27 carpetas con documentos. Son pruebas “más que suficientes para demostrar que los 21 procesados cometieron el delito de cohecho”, dijo.

Con las pruebas sustentó su teoría del caso de que las empresas procesadas pagaron a través de facturas a los proveedores de servicios de publicidad y comunicación para los eventos de Alianza PAIS, sabatinas, campañas electorales y otros.

A cambio las compañías investigadas se beneficiaron con millones de dólares en contratos con el Estado.

Aseguró que de la información recabada los empresarios entregaron $ 5,6 millones por cruce de facturas y otros $ 6,7 millones en efectivo, entre el 2012 y 2016.

El procurador del Estado Íñigo Salvador, dijo que una pericia técnica determinó que el expresidente Rafael C. encabezó y organizó una “estructura delictiva” que usó una jerga criminal que incluía el uso de códigos como SP (Señor Presidente), JG (Jorge G.) o palabras en clave para referirse al dinero.

Con las pruebas entregadas y la teoría del caso, así como los argumentos y pruebas de los acusados, el Tribunal penal integrado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, han preparado la sentencia que será anunciada este martes. (I)