A 20 días de que el Tribunal penal integrado por los jueces nacionales Iván León (ponente), Iván Saquicela y Marco Rodríguez anunció en audiencia telemática la sentencia oral en el caso Sobornos 2012-2016, el proceso se encuentra paralizado.

El paso inmediato que debe darse en este proceso es la notificación de la sentencia en forma argumentada y por escrito a las partes procesales: Fiscalía, Procuraduría y abogados de los 21 sentenciados (ver la foto y recuadro).

Para esta notificación el Tribunal tenía un plazo de 10 días, contados desde el día del anuncio oral (el 7 de abril pasado), es decir hasta el 17 de abril debió hacerlo, pero no lo ha hecho porque está vigente una disposición legal.

Y es que el 16 marzo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso la suspensión de los plazos y términos previstos en la ley para los procesos judiciales, debido a la emergencia sanitaria, por lo que también se suspendieron las actividades presenciales en la Función Judicial, excepto en flagrancias.

En la práctica jurídica, el plazo consiste en el tiempo establecido para las diferentes actuaciones administrativas y jurisdiccionales, incluidos los sábados, domingos y feriados.

A su vez, el término es el tiempo para las mismas actuaciones, pero se toma en cuenta únicamente los días laborables.

El penalista Paúl Ocaña, abogado del empresario Teodoro C., uno de los procesados en el caso Sobornos, admitió que no se puede hacer nada porque tanto el Consejo de la Judicatura (CJ) como la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitieron resoluciones ante la emergencia sanitaria, a través de las cuales suspendieron los plazos y términos.

“Esto significa que el tiempo que determina la norma legal, esto es 10 días para ser notificados con la sentencia escrita, no ha comenzado a correr aún. Una vez que se levanten las resoluciones, pensaría yo que correrán los 10 días, y si lo han avanzado, creo que nos notificarán enseguida”, dijo.

La situación es igual en todos los casos porque las unidades judiciales, excepto flagrancias, están cerradas, no hay cómo ni a quién presentar escritos, acciones, demandas, recursos, ni se reciben notificaciones en lo administrativo y judicial.

Eso significa que los tiempos se congelan hasta cuando las actividades se reanuden.

CNJ define plan de reactivación

La situación podría cambiar en poco tiempo, ya que la CNJ, con el propósito de precautelar la salud de los servidores y de usuarios del sistema de justicia, tiene listo un protocolo para la normalización de las actividades durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

En este protocolo se establecen directrices de seguridad, generales y de cumplimiento obligatorio, para las actividades laborales presenciales en la Corte Nacional.

El documento define procedimientos para el ingreso a las instalaciones, modalidad y horarios para la jornada laboral, medidas de protección para personas en estado de vulnerabilidad, limpieza y desinfección de los espacios, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Según información oficial este protocolo entrará en vigencia cuando el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE Nacional) disponga la reanudación de las actividades.

El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Ramiro García, escribió en su cuenta de Twitter que lo que va a pasar si se retoma la actividad judicial de manera presencial enseguida “es que en poco tiempo tendremos un montón de funcionarios y abogados contagiados...”. (I) 

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Rafael C. quiere beneficiarse

En el caso Sobornos, la suspensión de los plazos y términos judiciales provocará un retraso en la última fase del proceso penal hasta llegar a la sentencia en firme o ejecutoriada.

Según la legislación ecuatoriana, tres recursos les queda a los 21 sentenciados para intentar modificar el fallo. Estos son: el recurso horizontal de ampliación y/o aclaración, y los de apelación y casación, que es el último.

Según la jurista Rosa Tello, para evacuar estos recursos por lo menos se requiere de ocho meses.

Esto implica que hasta fin de año no habría una sentencia en firme y eso le permitiría al expresidente y principal acusado, Rafael C., optar por una postulación como asambleísta por el exterior, en las próximas elecciones.

Para el penalista Pablo Encalada, mientras no haya sentencia en firme los procesados gozan de todos los derechos. No obstante, recuerda que Rafael C. tiene dos órdenes de prisión vigentes, por lo que así la sentencia no esté ejecutoriada, “no podría venir al país y si viene será detenido”. (I)