Según la investigación de la Fiscalía, se presume que funcionarios del anterior gobierno recibieron aportes económicos voluntarios de varios empresarios por alrededor de $ 7’800.000, a cambio de asegurar y mantener la adjudicación de contratos con el Estado.

Esos recursos presuntamente eran usados para actividades proselitistas del movimiento de la Revolución Ciudadana, Alianza PAIS y del gobierno del expresidente Rafael C.

Para todo esto se montó una estructura con funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que según la fiscal general Diana Salazar, era liderada por el exmandatario, quien “conocía de la entrega de los sobornos”.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, en su calidad de acusador particular en este caso denominado Sobornos 2012-2016, ratificó la tesis fiscal.

Y precisó que para cometer el ilícito se utilizaron códigos secretos a fin de identificar a los funcionarios y empresarios, y ocultar sus verdaderas identidades. El dinero era entregado en efectivo y se tomaron medidas para evitar ser rastreados.

Fiscalía y Procuraduría coinciden en que hubo beneficiarios de los recursos provenientes de los sobornos y fueron: el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G.; y los exministros María de los Ángeles D. y Vinicio A.

Además el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M.; la exgobernadora del Guayas y actual asambleísta Viviana B.; y, el exlegislador Christian V.

De acuerdo a la investigación, además de otros beneficios Rafael C. habría recibido un desembolso por $ 6.000, mediante depósito efectuado en una cuenta suya en el banco del Pacífico. El dinero salió de un supuesto Fondo Solidario.

Jorge G. habría recibido $ 50.000 por la campaña denominada Yasuní; Alexis M., $ 365.000 por presuntos servicios jurídicos; María de los Ángeles D., $ 320.000 como apoyo a la convención de Alianza PAIS realizada en Guayaquil.

En tanto que Vinicio A. recibió $ 907.200 como pagos de servicios a su empresa Creacional; Christian V., $ 675. 382 por servicios de su estudio jurídico; y, Viviana B., $ 1’595.432 para su campaña como candidata a la alcaldía de Guayaquil.

La fiscal Diana Salazar reveló que en este caso investiga también delitos como tráfico de influencias y lavado de activos. (I)