Han pasado 26 días desde que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió el dictamen acusatorio para 5 policías por el delito de asesinato, en el caso Las Dolores (ahora González y otros). Sin embargo, los abogados todavía no tienen la sentencia por escrito.

Ernesto Jaramillo, representante legal de Iris Vergara -esposa de Germán Aguilar, uno de los desaparecidos- señaló que necesitan el documento para iniciar los trámites para el cobro de las indemnizaciones.

El pasado 6 de noviembre, el Tribunal de la Sala Penal ordenó una indemnización solidaria a los familiares de las personas asesinadas durante un operativo ejecutado en una farmacia al norte de Guayaquil, en 2003.

Para Dolores Vélez, esposa de Carlos Andrade, el cliente que murió mientras compraba pañales en la farmacia, se entregarán $ 210.334; para Dolores Briones, esposa de Guime Córdova, mensajero de la farmacia, se cancelarán $ 224.640. En cambio para Olga Reyes, madre de José Cañar Reyes, abatido en el operativo, se le otorgarán $ 196.064; mientras que para Iris Vergara, esposa de Germán Aguilar, quien hasta el momento continúa desparecido, se cancelarán $ 186.544.

Jaramillo indicó que una vez que tengan la sentencia van a esperar hasta que los demandados presenten algún recurso. De ser el caso, ellos están facultados para requerir una ampliación, un recurso de nulidad e incluso el recurso de casación. "Esperamos la resolución para analizar qué camino seguir", reiteró.

El jurista reiteró que todavía no se han reunido con Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, para definir las indemnizaciones, porque se requiere el escrito sobre el dictamen, cuyo proceso tiene un estimado de 20.000 folios.

José Luis Mestanza, abogado de Olga Reyes, cree que la demora se debe a que los magistrados están analizando bien el detalle del dictamen. "El Tribunal que sancionó estará agotando todos los criterios para que esta sentencia no sea cuestionada. Esa debe ser la razón por la demora", opinó.

No obstante, Mestanza reconoció que al menos ya se ha iniciado con las disculpas públicas para las afectadas, por parte del Estado. Hoy se llevó a cabo un acto simbólico en la ciudad de Guayaquil.

El proceso de indemnización económica se cumple con base a la Ley para la Reparación de Víctimas que ampara a los familiares o personas que fueron víctimas de violaciones de Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad que se encuentren en el informe de la Comisión de la Verdad.