La ausencia de peritos llamados por la Fiscalía General del Estado en el caso de los hermanos Piñeiros hizo que se posponga la audiencia en ese caso, que se iba a realizar ayer en la Corte Nacional de Justicia.  

El fiscal general, Galo Chiriboga, manifestó que la audiencia se retomará una vez que los testigos se  presenten.

En total son 8 personas las que fueron llamadas, pero no asistieron a la diligencia. No se ordenó la detención de los testigos de honorabilidad, que son dos. “Desde la semana pasada se les notificó para que se presentaran en la audiencia por parte de la Corte. Se dispuso además que la fuerza pública los hiciera comparecer por pedido de la defensa”, dijo el fiscal Chiriboga.

Juan Campaña, abogado de los hermanos Piñeiros, luego de la audiencia fallida indicó que sus defendidos fueron los que denunciaron el acto de cohecho. El jurisconsulto acotó que las ofertas y las dádivas no fueron recibidas en ningún momento por los acusados.

El cohecho es una figura delictiva que exige que la oferta sea recibida para que se considere un delitoA su vez, el abogado explicó que el cohecho es una figura delictiva que exige que la oferta sea recibida para que se considere un delito, y eso no sucedió  con ellos.

Según Campaña, la vinculación de los hermanos no tiene razón jurídica, pues ellos ejercieron un derecho constitucional que faculta a los ecuatorianos a combatir actos de corrupción.

El defensor explicó que los procesados realizaron una investigación con el propósito fundamental de denunciar un presunto acto de corrupción. Iniciaron su indagación al momento de conocer el presunto acto y lo pusieron en conocimiento de Serrano, entonces Ministro de Justicia, quien dispuso inmediatamente esta investigación.

El jurista lamentó que los hermanos Piñeiros se encontraran procesados, pues en este tipo de delito se exige la bilateralidad en el cohecho, tanto pasivo como activo.

Campaña recalcó que ellos -los hermanos- no recibieron dones ni promesas con los coacusados.  Ambos se encuentran al momento con medidas sustitutivas.

El proceso se inició el 12 de mayo de 2010.  Dos jueces (Nicolás C. y Marcos S.) se encuentran procesados junto con 10 personas más, cuando supuestamente negociaban compra de cargos dentro de una cafetería, al norte de Quito.