Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenciaron -vía oral- a siete años de privación de la libertad a los acusados Édgar A. Q., como autor directo; y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos.

Ellos deberán cancelar una multa de $ 29’204.476, así como resarcir al Estado el perjuicio ocasionado de $ 14’602.238,49. Además, las empresas Diacelec S.A. y Conacero, la primera de Édgar A. Q., como accionista mayoritario y único; y la segunda, de Elvira I. como accionista, pasarán a disolución y liquidación de bienes.

Esta sentencia tiene que ser emitida por los jueces de forma escrita y motivada, y luego notificarla a la Fiscalía, Procuraduría y abogados de los sentenciados.

Fiscalía demostró culpabilidad

El caso Diacelec, que investigaba un delito de lavado de activos registrado entre empresas ecuatorianas y una firma offshore panameña, demostró que una familia cometió la infracción penal.

La investigación por lavado de activos se derivó de la causa de asociación ilícita, en la que fue condenado el exvicepresidente, Jorge G., y otros, entre ellos Édgar A. Q.

La doctora Ivonne Proaño Vélez, fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, que estuvo a cargo de la causa Diacelec, dijo que Édgar A. era accionista mayoritario y único de la empresa Columbia Management, con sede en Panamá. “También existen otras compañías de la familia Arias, cuatro o cinco, en Panamá”.

En Ecuador, Édgar A. es el accionista mayoritario de Diacelec y Juan B. tenía el 1% de acciones. Los jueces del Tribunal ratificaron el estado de inocencia de los acusados José Luis A., Elvira I. y Miriam C.

Al respecto, Proaño manifestó que Fiscalía acusó a Elvira I. en calidad de coautora en el delito de lavado de activos, porque recibió dinero en las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el edificio World Trade Center, y en Diacelec. “Esa fue una de las fortalezas de la jueza, que dio el voto salvado en el fallo oral.

Además, ella era firma autorizada de las cuentas que no estaban declaradas en la contabilidad”, indicó Proaño. También era firma autorizada de la empresa Columbia Management en Panamá, pese a que no era accionista. Por ello, “conocía claramente el tema del trabajo con las empresas de su esposo y Odebrecht”, agregó.

También se refirió a José Luis A., hijo de Édgar A. y Elvira I., quien resultó inocente, pese a tener un poder especial con amplias facultades nacionales e internacionales para vender y comprar a nombre de la empresa Columbia Management. “La Fiscalía demostró que él sí utilizó el poder para comprar acciones a nombre de Columbia”, sostuvo.

En cuanto a Miriam C., quien resultó inocente en este caso, la fiscal explicó que la acusó en calidad de cómplice, porque fue la contadora de las empresas Diacelec y Conacero. “La Fiscalía demostró que ella tenía conocimiento pleno y coadyuvó en la participación y facilitación de ocultar los dineros que venían de Columbia Management. Ayudaba en la contabilidad de esa empresa y otras firmas panameñas”, señaló.

Columbia investigada

Como consecuencia del caso Diacelec, la empresa panameña Columbia Management, de propiedad de Édgar A. Q., es investigada como parte de una trama de lavado de activos y de sobornos a funcionarios en Panamá, dijo Proaño. Un ecuatoriano, mano derecha del empresario sentenciado, es indagado.

La Fiscal de Antilavado sostuvo que la sentencia obtenida en el caso Diacelec es importante y muy buena para la justicia, porque se podrían recuperar $ 14’.602.238,49 para el Estado, además de los bienes inmuebles incautados, como propiedades. (I)