El crimen de María T. ocurrió en público. Las personas veían cómo ella y su expareja discutían, pero nadie intervino hasta que el hombre le clavó un puñal. Ahí se levantaron, lo detuvieron y lo entregaron a la Policía. María, de 36 años, estaba en una fiesta popular en Pifo, Quito.

Ella es una de las 107 mujeres asesinadas desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre de 2017, según cifras de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas, Secuestros, Extorsiones y Desapariciones de Personas (Dinased). En las provincias que se reportaron más casos son Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay.

La normalización de la violencia es uno de los factores que impide que sea erradicada. Los testigos callan, los familiares ignoran el problema y más mujeres son asesinadas. Este año la cifra de femicidios superó a la de 2016, cuando 71 féminas perdieron la vida en relaciones de poder. Según la organización de mujeres Surkuna, en Ecuador cada 58 horas una mujer es victimada. Y en el mundo son asesinadas 50.000 anualmente, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 28 de noviembre de este año la Asamblea Nacional  aprobó el proyecto de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Este contempla un sistema entero de protección, atención y de reparación a las víctimas. Un equipo, integrado por 16 instituciones de las funciones del Estado, se encargará de ejecutar las acciones, planes, programas y políticas.

Entre los planteamientos está el sistema de alerta temprana que pretende evitar los femicidios por medio de un análisis de la información contenida en el Registro Único de Violencia Contra Mujeres, a través de la identificación del riesgo de una posible víctima y la activación de servicios de protección y atención.

En la ley se establece un fondo para educación, salud y vivienda de los hijos de las víctimas de femicidio. En cuanto a la reparación integral (daños materiales o inmateriales) estipula la restitución de derechos, compensación económica o patrimonial, rehabilitación, garantías de que el hecho no se repita, disculpas públicas, atención en salud, entre otras.

La aprobación generó controversias entre la organización ProVida y colectivos de mujeres, sobre todo por los textos relacionados con el aborto.

La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, informó que hasta noviembre de este año se presentaron 117.000 denuncias por maltrato físico y sicológico contra las mujeres en Ecuador, la mayoría fue causada por la pareja de la víctima. Esta cartera de Estado para proteger a las denunciantes de maltrato entrega dispositivos de vigilancia electrónica que alertan cuando el agresor está cerca. (I)