La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó en el caso Sobornos 2012-2016 solo por cohecho a 24 procesados. El delito es imprescriptible y se juzga en ausencia.

Hasta este lunes 11 de noviembre en esta causa se investigaban tres delitos, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Para las dos últimas infracciones no hubo suficientes elementos de prueba.

El anuncio lo hizo Salazar en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se cumplió este lunes 11 de noviembre de 2019 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la primera parte de esta diligencia la jueza nacional Daniella Camacho presentó su resolución sobre los presuntos vicios de prejudicialidad, procedibilidad y competencia que alegaron los abogados de los imputados.

De forma detallada, la magistrada respondió a los cuestionamientos y desechó cada uno de ellos. En su resolución dispuso declarar válido todo lo actuado.

Fiscalía presenta dictamen

Durante la diligencia judicial, Salazar presentó su dictamen. De los 26 procesados, acusó de autores del delito de cohecho a 22, a dos de cómplices y a dos los sobreseyó o liberó de responsabilidad.

Según la Fiscalía, los autores son: el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., el exsecretario jurídico Alexis M., los exministros Vinicio A., María de los Ángeles D. y Walter S. Además, la asambleísta Viviana B., el exlegislador Christian V., la exasesora presidencial Pamela M. y la exasistente presidencial Laura T.

A ellos se suman los empresarios Alberto H., Víctor F., Ramiro G., Édgar S., Pedro V., Bolívar S., William P., Rafael C., Teodoro C., Cai R., Mateo Ch. y José V. Como cómplices fueron acusados Yamil M. y María Augusta E., mientras que los sobreseidos son Francisco Noboa e Ítalo Centanaro.

La funcionaria indicó que en la investigación se determinó la existencia de una estructura criminal liderada por el exmandatario Rafael C. Él estuvo al tanto del esquema de sobornos que por primera vez en la historia involucró a funcionarios y empresarios.

En el período investigado 2012-2016, los contratistas del Estado presuntamente entregaron $ 6 millones a través de cruce de facturas y una cantidad similar en dinero en efectivo.

Salazar aseguró que para el cometimiento del delito se estableció el uso de jerga criminal, por lo que utilizaron claves. La Fiscal aseguró que no es un tema político. Se investigó un sistema de corrupción implementado en el Gobierno anterior. Usó recursos públicos provenientes de la contratación pública para mantener el apoyo popular, explicó.

Durante esta etapa del proceso, la Fiscalía presentará 580 elementos de prueba, entre generales, comunes e individuales. Pero en la audiencia de este lunes exhibió apenas 25 de las generales.

Audiencia se reanuda este martes 12 de noviembre

La jueza Camacho suspendió la diligencia y convocó a las partes procesales para este martes 12 de noviembre de 2019, a las 09:00.

Francisco Pesantes, abogado de Yamil M., dijo que pese a que su defendido ha sido acusado de cómplice, lo impugnará porque no hay pruebas acusatorias.

Para Harrison Salcedo, abogado de Jorge G., se ha demostrado que Fiscalía actuó mal al acusar por tres delitos. Todo se caerá, advirtió. (I)