El Pleno de la Asamblea inició el segundo debate de la Ley de reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que ocurrieron en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, precisó que la normativa analiza la creación del programa de reparación a cargo de la Defensoría del Pueblo. Añadió que la ley reconoce la responsabilidad del Estado sobre las violaciones de DD.HH., que están documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad.

Estipula la rehabilitación y la cláusula de no repetición, así como medidas individuales de reparación, entre ellos la supresión de datos en antecedentes policiales y la incentiva de inclusión económica.

Andino afirmó que incluso se exige el regreso de los apellidos de los hijos de quienes sufrieron algún tipo de persecución, porque comentó que hubo quienes tuvieron que tomar otros apellidos para no permitir ser violentados en sus derechos. "Verdad y justicia es lo que debe asumir el Estado, para preservar la vida y dignidad de la sociedad", dijo Andino.

El asambleísta Nelson Serrano contó su testimonio, en donde fue acusado de formar una guerrilla en contra del presidente de turno, en donde se le acusó falsamente de llevar dos revólveres, 20 balas y cosas extrañas en su mochila cuando solo llevaba esferos. "Ellos veían los esferográficos, las palabras de descontento que salían de mi pluma", dijo, al recordar que por dos ocasiones fue encarcelado injustamente.

El segundo hecho contó que sucedió cuando fue sacado a empujones de su casa y que se culpó de asaltar un furgón de billetes que salieron del Banco Nacional de Fomento y que estuvo tres años en la cárcel. "Como me vuelve el dolor al recordar estos hechos, cuando cerrando con fuerza mi puño hoy puedo decir basta de esta situación de impunidad", dijo.

El asambleísta Rodrigo Collahuazo, de su lado, recordó el caso de grave tortura y asesinato de un joven ecuatoriano, Oguel Cañola, en Machala el 27 de febrero de 1985, solo por pensar distinto.

El asambleísta Pepe Acacho pidió que se incluyan la reparación de víctimas hasta el 2010. Según él, sufrió persecución por el asesinato del maestro shuar Bosco Wizum y que se le inculpó por este crimen. Dijo que en este proceso se dejó libre a personas como Fidel Camiras, a quien acusó de ser el culpable de la muerte de Wizum.

La asambleísta Soledad Buendía precisó que la ley busca la verdad, justicia y reparación a la víctimas de lesa humanidad. Enfatizó que el régimen de Febres Cordero trastocó la institucionalidad de la policia para reprimir al pueblo ecuatoriano. "Nuestros compañeros fueron encapuchados, silenciados, torturados y recibieron electro shock", dijo, a la vez que recordó que en esos periodos se evidenciaron 456 casos de denuncias de víctimas que sufrieron violaciones de derechos humanos.

REVISE EL PROYECTO DE LEY PARA LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS