El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 4 de septiembre una resolución en la que rechaza todo acto de violencia que atente contra el derecho a la paz, la integridad personal y a la inviolabilidad de la vida de todas las personas en el territorio nacional.

La resolución condena en particular la agresión sufrida por Eder S. y Freddy S., dos guardias de seguridad de la urbanización "Las Cumbres", en Guayaquil, con quienes la Función Legislativa se solidarizó.

[Votación] Con 89 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia respecto a los execrables hechos en contra de un guardia de seguridad de la urbanización “La Cumbre”, ubicada en #Guayaquil. https://t.co/qvSKZsEnLJ pic.twitter.com/OJmET2lOMS

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 4, 2018

Exhortó a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional a realizar con celeridad las investigaciones necesarias, con la finalidad de sancionar con todo el rigor de la ley a los presuntos responsables materiales y establecer las medidas de reparación que correspondan.

A la Fiscalía instó a que investigue si se brindó el debido proceso y si se garantizó la tutela judicial a favor de las víctimas de la agresión y, en caso contrario, se sancione a los funcionarios responsables.

Este hecho ocurrió en agosto pasado y lo trajo a discusión dentro del Pleno la asambleísta Marcia Arregui, quien aseguró que sentar precedentes para que estos actos no vuelvan a ocurrir y para que la justicia actúe de manera correcta.

Explicó que el "error" que cometió el guardia para que estos individuos actuaran de esta manera, fue cumplir con la disposición de la Administración del conjunto residencial que, como todos, tiene sus normas.

Recordó que se pudo observar claramente a tres hombres que, "a mansalva, con premeditación y alevosía", golpearon al guardia con puñete, tolete, con una silla y hasta con un ventilador, y luego "huyeron del país, por la frontera con Perú", violando el control migratorio.

De allí que hizo un llamado para que se realicen los trámites para contar con asistencia penal internacional, de manera que los culpables reciban la pena correspondiente. (I)