Usted denunció a este Diario que los magistrados de la Corte Constitucional están en indagación previa en la Fiscalía. ¿Por qué?

Le pido al fiscal General, Paúl Pérez, que certifique si existe un informe de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UEFA) respecto a las operaciones inusuales o sospechosas de los movimientos de cuentas y de recursos económicos que mantienen los 9 integrantes de la Corte Constitucional (CC). Ellos son integrantes del más alto tribunal de control constitucional en el país.  Infiero que la UAFE hizo el análisis y lo remitió a la Fiscalía para solicitar la indagación previa.

Si alguien ingresa al portal de la Fiscalía e introduce el número de causa de investigación previa: 170101818061503, se encuentra con una denuncia por lavado de activos, pero no se visualizan los nombres. Sin embargo, si ingresa al portal web y escribe el número de cédula de identidad: 0900699026, que corresponde magistrado Manuel Ignacio Viteri Olvera, juez de la Corte Constitucional, le sale que existe una denuncia en su contra, por lavado de activos. Eso significa que están en indagación previa. Por ello, el fiscal tiene la obligación moral y jurídica de responder esa pregunta. Pero no puede decirnos el contenido del informe de la UEFA.

Al mismo tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio debe tomar acciones para verificar esa sospecha. La denuncia es del 8 de junio de este año, es decir, que ya está en la Fiscalía  casi un mes y medio.

No asevero una imputación, sino pregunto a la Fiscalía si existe o no ese informe de la UEFA.

¿Es grave que todos los integrantes de la CC estén en indagación previa?

El país ya no puede soportar que funcionarios del más alto nivel estén bajo la lupa de la sospecha. Aspiro que el Fiscal contrarreste esta información, ¿en qué manos hemos estado confiando la justicia en este país?

Hay un ejemplo en Colombia, el magistrado Francisco Ricaurte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia tuvo que ser detenido por actos de corrupción, por vender sentencias judiciales. Es decir, que la corrupción en Colombia por el narcotráfico llegó a los más altos niveles de la política y de la administración de justicia. Y parece que en Ecuador estamos en un camino tan incierto que nos indignarnos y  pedimos renovar las estructuras de la administración de justicia y pública.

¿Qué puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria?

El Consejo Transitorio ejerce las facultades que le otorgó la consulta popular y está evaluando a la Corte Constitucional. Todos los 9 magistrados han consignado sus informes al Consejo Transitorio. Este leerá los informes, generará el descargo oral y podrá cesarlos de manera anticipada o destituirlos. 

La Corte Constitucional tiene represados alrededor de 10.250 casos sin resolverse. Se resuelven casos sin respetarse la cronología, es decir, casos del 2017 y 2018 ya tienen resoluciones. Pero hay del 2015 y 2014 que siguen en el sueño de los justos. En este país no pasará nada hasta que se designen los nuevos magistrados.

Los magistrados están en la CC desde el 2016. En ese último concurso entró la abogada Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, quien preparó las preguntas para la renovación anterior. Ella se presentó como candidata a la CC y sacó 10 sobre 100 en la calificación. (I)