Las autoridades judiciales y del Gobierno Nacional analizan el pedido de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de reducir el número de Personas Privadas de la Libertad (ppl) de las cárceles, ante el inminente riesgo de la propagación del coronavirus.

“Las autoridades deberían buscar formas para liberar aquellas personas especialmente vulnerables al covid-19, entre ellas los detenidos más viejos o enfermos, también convictos de crímenes menores”, aconsejó la titular del organismo internacional, Michelle Bachelet.

A este pedido se sumó el asambleísta Ronny Aleaga, militante de Revolución Ciudadana, quien mediante comunicado dirigido al presidente Lenín Moreno sugiere la liberación de presos según la condición jurídica.

Según el escrito, la liberación de internos de las cárceles del todo el país sería para personas “de acuerdo a su condición jurídica de cumplimiento de condena (tiempo devengado y conducta); de su estado de salud, su edad.

Además: “mujeres embarazadas y en período de lactancia y discapacidad; de su dependencia; y, de aquellos que están con orden de prisión preventiva, que se les pueda sustituir por otras medidas alternativas a la prisión preventiva; así como para aquellos que se encuentran detenidos con boleta de apremio por alimentos”.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en un comunicado dijo que se toma las recomendaciones de la ONU pero que será el Consejo de la Judicatura (CJ) el organismo que emita las directrices a las unidades judiciales.

El director de la SNAI, Edmundo Moncayo, aseguro a la prensa que la decisión está en manos de las autoridades de justicia, y que existen personas a las que se les podría revisar sus causas, entre ellas las que tienen una boleta de apremio por alimentos

“Yo consideraría que al menos 500 personas que se encuentran en ese estado podrían buscar alguna salida de la manera más rápida posible para que durante la emergencia, al menos eso se suspenda y se pueda retomar posterior a la emergencia de la misma”, dijo.

Se refirió a otras acciones como los indultos presidenciales, que es una potestad que tiene el Presidente de la República, lo que estaría en análisis del Ejecutivo. Hasta el momento no hay un solo contagiado del covid-19 en los centros de rehabilitación social del país.

Exvicepresidente Jorge G. no cabe para este beneficio 
Algunos exfuncionarios del gobierno anterior que se encuentran presos por actos de corrupción están atentos a la decisión que se pueda tomar en torno a la posible liberación de privados de la libertad. 

Unos esperan aplicar por considerarse de baja peligrosidad, otros por la edad y unos pocos por presuntas enfermedades.

Para la jurista Matilde de Gómez, el exvicepresidente Jorge G. podría aducir que está enfermo y que es de baja peligrosidad, pero no puede ser beneficiario, porque no es de la tercera edad y además tiene procesos pendientes.

Y es que el exsegundo mandatario cumple una pena de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Además enfrenta dos juicios: por cohecho (caso Sobornos) y por peculado (caso Singue).

Y eso no es todo, hay cuatro investigaciones en la Fiscalía por los denominados casos: Petrochina, Petrotailandia, Refinería del Pacífico y Odebrecht. (I)