La mañana del 25 de mayo de 2011, el cuerpo de Damaris Cabrera, de 16 años, fue encontrado dentro de sacos de yute en  la quebrada de Santa Bárbara  en   Chillogallo  (sur de Quito). Más tarde, el informe del  médico legista  revelaría que  la  menor sufrió varias horas de tortura antes de su muerte. En el rapto, tortura y asesinato de Damaris participaron dos menores de edad y, según el parte policial,  los adolescentes estuvieron bajo los  efectos de  las drogas durante la perpetración del crimen. 

En  2010, un joven de 16 años fue degollado en Machala (El Oro). Otro menor de edad estuvo involucrado en el hecho y   fue sentenciado a cuatro años de reclusión. El mismo año, José Líder Quiñónez fue asesinado con  19 balazos. Un adolescente de 16 años participó. El Juzgado de la Niñez le impuso tres años de privación de libertad.

Estos son algunos de los   casos en los cuales han estado involucrados   menores de edad, y en los que   predominó     la saña y la violencia con la que se perpetraron  esas muertes en manos de adolescentes. 

En la Unidad de Menores Infractores de la Fiscalía de Pichincha  son tres los funcionarios que se encargan de procesar los casos más graves, como  asesinato y violación sexual, pues en los  delitos  contra la propiedad   se puede llegar a acuerdos reparatorios entre el menor y la persona afectada.

Las sanciones  dependen de la situación social, de  la infracción,  de las  circunstancias y del  entorno familiar.  Anualmente esta unidad recibe 600 causas en las que están involucrados menores cuya edad va desde los 12 hasta los 17 años.

De estas, la mayoría se enfoca en delitos sexuales, violaciones y agresiones. Y le  siguen las detenciones  por   robo,  hurto y  amenazas.

Según el Consejo de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), el 80% de menores de edad  detenidos por conductas delictivas  no tiene familia. En algunos casos,    sus padres son migrantes, en otros,   los han abandonado  o están muertos, lo que sería una causa para entender el tipo de conducta delictiva.  Según datos del CNNA, el Estado ha destinado   4,6 millones de dólares para atender a  niños, niñas y adolescentes.

En cuanto  a las causas de las infracciones cometidas por   menores, algunos estudios señalan que existe una relación entre la criminalidad, los delitos violentos y el uso indebido de drogas.

El CNNA indica que   la pobreza es uno de los factores que  estimula o promueve las salidas a la delincuencia,   explotación sexual, laboral  y  tráfico de drogas, circunstancias que son aprovechadas por  adultos, mas  no generadas por los adolescentes.

Estas situaciones han hecho que en el nuevo Proyecto de Código Penal se traten algunas modificaciones con respecto a las medidas socioeducativas que deben aplicarse a los menores infractores.

Romel Jurado, secretario de la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional, explicó que, por ley,  las personas menores de 18 años son inimputables, es decir, no reciben un tratamiento penal cuando cometen una infracción.

Las personas de 12 a 17 años, al infringir la ley, reciben la aplicación de medidas socioeducativas y    privativas de libertad que pueden ir  desde unos meses  hasta cuatro años. En los casos más graves, esta medida debe ir  complementada con actividades educativas, de entretenimiento y laborales,  que ayuden a la rehabilitación del menor. Sin embargo, al momento se discute si es necesario incrementar los años de una medida socioeducativa o,  incluso, establecer una pena para los mayores  de 16 años que cometen delitos graves como el asesinato.

“Se supone que una persona mayor de 16 años  delinque  con conciencia  y comprende que sus actos pueden ser   lesivos y violatorios de la ley, sin embargo, no valoran  las consecuencias para el resto de su vida”, manifestó  el funcionario.

Las medidas   no son  necesariamente privativas de libertad, pueden ser disculpas públicas, trabajo comunitario o libertad vigilada. Sin embargo, Jurado acotó que “no todos los centros  de adolescentes infractores (CAI) tienen las condiciones para rehabilitarlos y por eso se limitan a encerrarlos”.

Catherine Ríos, jefa del Departamento de Justicia Juvenil  de Unicef, consideró   “no normal” plantear condenas largas como en  el caso de Argentina,  donde existen al menos 10 adolescentes condenados a cadena perpetua.  Y aclaró que con el sistema  diferenciado se busca un   proceso de intervención en  el adolescente.

“A nivel mundial, del 100% de actos delictivos el 10%  es cometido por menores, lo importante es que  la sanción   sea idónea”.