Los abogados de las demandantes en el caso Las Dolores se reunirán la próxima semana con Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, para definir los términos bajo los cuales se cancelarán las indemnizaciones.

Ayer, el Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) impuso a 5 policías -sentenciados a 16 años de cárcel por delito de asesinato- una indemnización solidaria. A Dolores Vélez se entregará $ 210.334, Dolores Briones recibirá $ 224.640. En cambio a Olga Reyes, madre de José Cañar Reyes, abatido en el operativo, se le otorgará $ 196.064, mientras que para Iris Vergara, esposa de Germán Aguilar, igualmente fallecido en el operativo de la farmacia, se cancelarán $ 186.544.

Ernesto Jaramillo, representante legal de Iris Vergara, admitió que todavía no conoce la fecha de la reunión, ni bajo qué términos se les entregará el valor económico, pero indicó que el pago estará a cargo del Estado, tal y como lo contempla la Ley de Reparación de Víctimas.

"El Estado asume la responsabilidad y este va a cancelar las indemnizaciones solidariamente con los procesados", dijo.

El abogado explicó que la administración pública cancelará el valor que asciende a los $ 814.582. No obstante, se ejerce el derecho de repetición en contra de los sentenciados para que paguen de su propio peculio (de su propio bolsillo).

"Una sanción penal conlleva la pena privativa de libertad y además el pago de daños y perjuicios", dijo.

José Luis Mestanza, abogado de Olga Reyes, reiteró que lo importante de esta reparación fue que el Juez Wilson Merino ordenó disculpas públicas para las afectadas, aunque reconocieron que todavía no les informan a través de qué mecanismo las recibirán. "El Estado tiene que dar disculpas públicas y eso es claro, porque los policía son figuras públicas", reiteró.

De su lado, la defensa de los procesados señaló que no van a tomar medidas hasta conocer la sentencia por escrito. Ramiro Román, abogado de 4 agentes declarados culpables, advirtió que podrían solicitar una ampliación del fallo, luego de ello dialogará con sus defendidos y sus familias.

Sobre la Ley de Víctimas

La Ley para la Reparación de Víctimas ampara a los familiares o personas que fueron víctimas de violaciones de Derechos Humanos o delitos de lesa humanidad.

La norma se aplica para los casos suscitados entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008 y que se hayan registrado por la Comisión de la Verdad.

Según la Ley, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de dicha indemnización, ya sea en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo al que pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada.

 
Proceso pendiente

Los abogados coincidieron que la indemnización es solo el principio de este litigio, puesto que todavía hay que llegar al proceso judicial en contra de otros 7 presuntos responsables, entre ellos el mayor Eduardo G., quien coordinó el operativo en noviembre de 2003.

Mestanza recordó que todavía está pendiente el pedido de extradición para el mayor, que se encuentra en Estados Unidos.

El proceso legal para 7 prófugos se detuvo, porque están en calidad de prófugos y la Ley exige su presencia ya que se trata de un delito penal por asesinato.