El Consejo de la Judicatura preparará, junto con los colegios de abogados del país, un nuevo proyecto para permitir que los profesionales del Derecho puedan actuar como abogados de oficio de personas que necesiten patrocinio legal gratuito.

 El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que “hay un trabajo cercano con muchos colegios de abogados que tienen esta disposición de servicio público a la ciudadanía”, por eso esta semana se reunirán con directivos del Colegio de Abogados de Pichincha, que presentó el proyecto a la entidad y la Defensoría Pública, con el objeto de operativizar la propuesta.

Jalkh indicó que los juristas no llegarán a ser servidores públicos,  pero sí podrán inscribirse para actuar como un abogado de oficio en casos puntuales, donde los defensores públicos no puedan cubrir la demanda.

Concurso para defensores públicos

En el país laboran 766 defensores públicos, quienes atendieron durante 2014 las consultas y trámites de 353.636 personas lo que representa un aumento del 87% en atención directa  a la ciudadanía con respecto a 2013, en que  brindaron asesoría o patrocinio legal gratuito a 190.505 ciudadanos.

Esta considerable cantidad de atenciones rebasaron en varias provincias la capacidad de los defensores públicos, por lo que la entidad solicitó el aumento de estos servidores.

Para el efecto la Judicatura tiene listo el instructivo para convocar al concurso de oposición y méritos y cubrir las partidas disponibles para defensores públicos.

El director de la Escuela de la Función Judicial, Tomás Alvear, aseguró que el concurso está en fase de análisis con el fin de determinar a los profesionales que se van a necesitar antes de iniciar el proceso”.

En esta línea, Jalkh manifestó que el aporte de los abogados en libre ejercicio será muy importante, “podremos optimizar los recursos y evitará que la Defensoría Pública crezca burocráticamente sin necesidad”, agregó.

Tablas remunerativas

El plan también implica la elaboración de tablas remunerativas para  los juristas que intervengan como defensores de oficio, “estos detalles conversaremos con los colegios de Abogados que tienen una actitud proactiva y así articular la parte operativa. Estamos de acuerdo con el planteamiento y la Defensoría Pública también coordinará las acciones  con los colegios que quieran ser parte de este plan”.

Alvear señaló que el Código Orgánico de la Función Judicial permite que se pueda trabajar con abogados a través de un proceso de contratación, por lo que el presupuesto para las defensorías sociales saldrá de  la Judicatura, lo cual tendría que redefinirse.

Pedidos de asesoría jurídica se incrementaron

El defensor Público, Ernesto Pazmiño, durante la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, dijo que el 77% del presupuesto  se gasta en personal misional, y explicó que la atención en materia social se incrementó un 115% a partir del fortalecimiento general del área; es decir, de 127.867 se pasó a 274.329 personas atendidas en el período 2014.

En cuanto a materia penal, indicó que la atención aumentó un 29%, de 62.636 a 79.307.

En torno a la violencia intrafamiliar se atendieron 37.679, en laboral  43.431 y en delitos sexuales 1.758. Hasta el momento, un 50% de las causas que ingresan al sistema judicial es conocida por la Defensoría Pública.

También, Pazmiño se refirió al principio de favorabilidad, que a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, permitió la humanización de la legislación antidroga. Con este beneficio, 1.857 personas han recuperado su libertad y se espera que en este año otras 700   se integren a esta estadística.

El presidente de la Judicatura informó que se reunirá con Pazmiño para definir cuántos  defensores públicos se necesitan  y cuántas personas podrán ser atendidas con la asistencia que pueda proveerse desde los colegios de abogados, “puedo asegurar que no serán menos de 500 defensores públicos los que deberán ser incorporados”.

También, indicó que estudiarán la cantidad de profesionales en libre ejercicio que están dispuestos a ser parte de esta asistencia legal gratuita, “obviamente a los abogados se les pagará una tarifa adecuada dependiendo del requerimiento que atiendan, lo cual deberá ser consensuado”.