Azuay y Cañar son las provincias ecuatorianas que concentran el mayor número delitos de tráfico ilegal de migrantes en el país. Ambas suman 41 procesos, que ya recibieron sentencia entre 2012 y 2013, lo que representa al 64,42% del total a nivel nacional.  

El delito de ‘coyoterismo’ en esa zona nació debido a los altos flujos migratorios que se registraron a inicios de 2000. “Muchos de sus habitantes migraron al extranjero para reunirse con sus familiares, lo que fue aprovechado por quienes ofrecían viajes”, explicó el fiscal provincial de Cañar, Romeo Gárate.

Estas redes generalmente están conformadas por personas nacionales y también por quienes tienen contactos en el extranjero, por ejemplo, Guatemala y México, indicó el funcionario. “Ellos convencen a las familias diciéndoles que el trayecto no será difícil; pero cuando reciben el dinero, que puede ser de entre $ 10.000 y $15.000 por persona, generalmente las abandonan”.  

El fiscal consideró que es muy importante la colaboración de las víctimas en los procesos judiciales de combate a los ‘coyoteros’, especialmente en hechos que han terminado en tragedia.

Ramiro Ortega, jefe de la Policía Judicial de Pichincha, manifestó que en los procesos de investigación para identificar a los traficantes de migrantes, la mayoría de veces se inician con denuncias de otros delitos como la falsificación de documentos, suplantación de identidad, incluso uso de sellos públicos con cartas de invitación fraudulentas.

Operación ‘Retorno’

Precisamente, en esta semana, los miembros de una organización de traficantes de migrantes cayeron en las redes de la Policía. En la operación ‘Retorno’ se efectuaron 6 allanamientos en el centro-norte de Quito y en la provincia de El Oro, durante los cuales personal de la Policía Judicial, del GIR y del Departamento de Criminalística capturaron a 9 personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana  y cubana.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para 8 de los imputados, y medidas sustitutivas para uno.

Cuatro meses de investigación policial y fiscal llevaron a dar con esta organización que operaba en el país, informó Ortega. “Esta red recibía entre $1.500 y $8.000 de las personas para los viajes, y luego coordinaba con traficantes de Colombia, Panamá, México y Estados Unidos”, informó el oficial.

En este caso, las principales víctimas eran ciudadanos de Nigeria, Cuba y Ecuador, a quienes se les ofrecía tramitar los documentos y permisos necesarios para salir del país.  

Cuando aceptaban, eran trasladados al sector fronterizo de la provincia del Carchi, después a Colombia y por el Caribe avanzaban hasta Panamá. Posteriormente, por vía terrestre viajaban por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos, explicó.

Para pasar los controles migratorios presentaban documentos como pasaportes de diferentes nacionalidades, cartas de invitación e incluso sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras instituciones públicas, que halló e incautó como evidencia, agregó el jefe de la Policía Judicial.  

La Cancillería de la República brinda el apoyo en las investigaciones para ubicar a los posibles responsables de este delito, y así identificar el mal uso de sellos o documentos oficiales, dijo la viceministra de Movilidad Humana, María Landázuri.   

El delito de tráfico de migrantes está tipificado en el art. 440.1 del Código Penal vigente, y establece una pena de 4 a 6 años de reclusión mayor.