Al cumplirse un año desde  que el Ministerio del Interior implementara el programa “Los Más Buscados”, tanto  a nivel nacional como provincial,   el  número de personas detenidas hasta la fecha asciende a 98. 

Según datos del Ministerio del Interior, se han sentenciado a 43 personas del total de capturados:  28  de la lista provincial y  15 de la nacional.

De acuerdo a la página web de la Policía Judicial, 21 sujetos que constaban en el listado de delincuentes peligrosos en el territorio nacional   fueron detenidos entre  2011 y lo que va del año 2012, mientras que a nivel provincial son 77 las personas que han sido privadas de libertad por cometer diversos delitos.

Para Ricardo Camacho, especialista en temas de seguridad,  la compra de información  es fundamental, porque así se puede aplicar de forma más eficaz la inteligencia policial.

Acotó que es esencial establecer quienes son los cabecillas y líderes de las bandas que  ponen en zozobra  a la sociedad para “no perder el tiempo en delincuentes comunes que únicamente podrán ser sentenciados por robos”.

Precauciones

El especialista   aclaró  que para evitar que el crimen organizado intente filtrarse y poner en riesgo la vida de los informantes se debe evaluar los perfiles de las personas que reciben las llamadas al 1800.

Sugirió que cada seis meses se   verifique en qué situación se encuentra el  patrimonio y los  ingresos de cada operador. 

En cuanto al dinero que se ha destinado para   pagar la información, Camacho estima  que en  el año  se ha entregado entre un millón y millón y medio de dólares para lograr los resultados obtenidos.

Aclaró  que   todo sistema es válido a la hora de enfrentar un fenómeno  que se divide en  delincuencia común, bandas organizadas y el crimen organizado.

El  experto en seguridad y antiterrorismo urbano, Daniel Adler, consideró que es importante que  las autoridades de  Ecuador lleguen a incorporar planes que estén a  favor de la ciudadanía.

Algo que preocupa, aclaró,   es que   el país  presenta niveles   altos de delitos complejos y violentos. “El  ascenso delictivo comenzó en  el año 2006 con el sistema denominado sicariato, o narco-sicariato, allí comenzó la escalada de inseguridad”.

Uso de menores

Detalló que hay una  metodología compleja en relación a “una nueva camada de jóvenes delincuentes menores de 16 años”.

Dijo que esto es aprovechado por  las bandas delictivas  que   actúan amparadas por la ley. “Muchas organizaciones criminales  saben perfectamente las normas y procedimientos judiciales y por ende actúan para saltar estas  vallas”.

“Según uno de nuestros informantes, los jóvenes delincuentes son asesorados por los denominados   abogados delictivos, los cuales adoctrinan a los menores   en qué hacer o qué decir si son capturados y por ende estos   son inmunes ante la justicia ecuatoriana”, recalcó.

Delincuente cambia su rostro

Alguien que también intentó evadir  la justicia con “su ingenio” fue  Roberto Carlos Plaza Pinto, quien se había sometido a varias intervenciones quirúrgicas para cambiar  su rostro y  evitar ser reconocido.

El rostro de Plaza  no coincidía con la fotografía registrada en los archivos de la Policía Judicial en relación a  sus anteriores detenciones.   

Cambió la forma de sus ojos, el volumen de sus pómulos, papada y mentón, además de modificar la simetría de su boca y nariz.

Después de que   agentes de Criminalística le realizaron un análisis dactiloscópico   de los rasgos faciales  se comprobó que se trataba de la persona que buscaban.

Fue apresado en agosto de  2011,  luego de que la Policía recibiera una llamada anónima  en la que     proporcionaron pistas para su localización.

Así los agentes investigadores  lo buscaron  en las provincias de Azuay y Guayas, finalmente lo encontraron escondido en una vivienda del cantón Durán.

Su detención alivió a  familiares de quienes fueron sus víctimas.

Un mes después  fue sentenciado por el Tribunal Décimo Cuarto   de Garantías Penales del  Guayas  a 25 años de reclusión  por los delitos de plagio asesinato, robo, agresión colectiva y tenencia ilegal de armas entre los años 2000  y 2010.

Uno de los crímenes que se le atribuyó  fue  el secuestro y asesinato del empleado municipal Manuel Maridueña y su esposa la presentadora de televisión Mayra Aguilar, hecho ocurrido en septiembre de 2010.

Penas de hasta 35 años

Las sentencias emitidas contra los detenidos por diversos tribunales en   el país  van desde los seis años por delitos de robo agravado hasta los 35   de reclusión  por delitos contra la vida, asesinato y tenencia ilegal de armas.

Mientras que los  restantes recibieron penas de cuatro, ocho y 16 años, por delitos como robo gravado, violación, chantaje, ocultación de cosas robadas, etc. 

Los detenidos  suman entre dos y tres delitos.