El Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas sentenció a 10 años de pena privativa de libertad a Jorge O., exgerente de la inmobiliaria Terrabienes, por estafa.

La jueza ponente de la audiencia, Marcela Estrada, declaró a Jorge O., como autor del delito de estafa, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito con prisión de 7 a 10 años.

La audiencia de juzgamiento, que inició el pasado 22 de febrero y que concluyó este viernes 4 de marzo, se realizó en la Unidad Judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil.

El fiscal del caso Julio Vacacela, durante el juicio tenía prevista la comparecencia de aproximadamente 700 testigos, la mayoría perjudicados, de los cuales se redujeron a 60, distribuidos entre los 25 acusadores particulares presentes en la audiencia; además rindieron testimonio los agentes investigadores y funcionarios de instituciones involucradas en el proceso, como Superintendencia de Bancos y de la Municipalidad de Guayaquil.

Entre las pruebas documentales, la Fiscalía presentó los informes económicos, el de reconocimiento del lugar, las certificaciones emitidas por el Municipio, Registrador de la Propiedad y de la Superintendencia de Bancos, de esta ciudad.

El fiscal Julio Vacacela acusó dentro de este proceso a otras 5 personas, todos exfuncionarios de Terrabienes; como autores, se procesó a Fabián O. y Andrés O., mientras que como cómplices fueron llamados a juicio, Elvira O., Liz M. y Nicolás O.; todos ellos se encuentran prófugos, por lo que se les suspendió el proceso, hasta que sean localizados y detenidos por la Policía Nacional.

La magistrada Marcela Estrada, señaló además en su resolución, la reparación a todas las víctimas y perjudicados en este proceso, y que consiste en declarar la invalidez de los pagarés y letras de cambio firmadas como garantías.

Así también, se ordenó la devolución de los valores a aquellas personas que entregaron cantidades económicas como parte de la entrada para la compra de viviendas a esta inmobiliaria, estos pagos se los realizará por el monto depositado, más el interés legal, validado por un organismo de control, en este caso, la Superintendencia de Compañías.

La Fiscalía investigó, desde el 2 de febrero de 2015, un perjuicio económico a cerca de 700 personas que, hasta la presente fecha, se incrementaron a 1200 perjudicados, en la compra de viviendas en la urbanización “Arcos del Río”, situada en el kilómetro 1,5 de la vía Terminal Terrestre-Pascuales, norte de Guayaquil. (I)