Hasta noviembre de este año, 1.884 personas privadas de la libertad (PPL) en el país presentaron  solicitudes de revisión de condena, a 3 meses de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y también de la tabla de proporcionalidad de sentencias, emitida por el Consep, la cual sanciona el tráfico de alcaloides en mínima, mediana, alta y gran escala.

Los internos presentaron las peticiones a los directores de los centros carcelarios donde cumplen su condena, quienes a su vez trasladan esas solicitudes al Consejo de la Judicatura para que designen un juez y fecha para la audiencia.

Del total de peticiones hasta el 7 de noviembre se efectuaron 1.138 audiencias, en las que se resolvió otorgar la libertad a 1.009 internos;  a 163 reos les negaron el pedido por lo cual cumplen la condena impuesta.

Aún no hay fecha para las 620 diligencias de revisión de sentencia; y en 90 casos está pendiente la decisión judicial.

Del total de presos liberados, 120 estaban en proceso de sentencia y 861 tenían una condena.
La ministra de Justicia, LedyZúñiga, indicó que se tramitaron las peticiones y para el desarrollo de las audiencias hay salas especiales en los centros de rehabilitación.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, explicó que estas audiencias se efectúan en presencia de un juez de Garantías Penitenciarias a las que acuden los abogados de los internos o en su defecto el defensor público y el fiscal que siguió la causa y después que se exponen las circunstancias del pedido, el juez decide si aplica el principio de favorabilidad, que consta en el COIP.

El penalista Felipe Rodríguez dijo que este principio corresponde al derecho universal que garantiza que si una ley posterior rebaja el tiempo o deroga un delito se tiene que aplicar la norma más favorable al reo, por ejemplo, quien estaba detenido por girar cheques sin fondos debe  ser liberado inmediatamente, ya que ese delito fue eliminado del COIP y, por ende, se extingue la pena.

Más del 90% de las peticiones están  relacionadas con privados de la libertad que cumplen condena por tráfico de drogas.

De los liberados, 412 estaban sentenciados por tráfico de alcaloides a mediana escala, 425 mínima escala, 2 por gran escala y 18 alta escala. Además, 120 presos estaban a la espera de una sanción por ese delito.