El caso Petroecuador pasó a segundo plano por el de Odebrecht

Las revelaciones realizadas el 3 de abril de 2016 en forma simult&aacute;nea en 76 pa&iacute;ses sobre las cuentas en para&iacute;sos fiscales que personalidades y funcionarios de muchos gobiernos manten&iacute;an asesorados por el estudio jur&iacute;dico Mossack Fonseca, conocido como el caso Panama Papers, fue la pauta para que en el Ecuador se inicie una investigaci&oacute;n a los mencionados. Es de ah&iacute; que a los pocos d&iacute;as, la Fiscal&iacute;a General del Estado no solo que encuentra nombres de personalidades y funcionarios nacionales vinculados a los para&iacute;sos fiscales, sino que aparecen movimientos financieros irregulares, particularmente relacionados con la empresa ecuatoriana Petroecuador. As&iacute; nace el caso Petroecuador en abril de 2016, con una investigaci&oacute;n iniciada por la Fiscal&iacute;a por dos tipos de delitos: cohecho y enriquecimiento il&iacute;cito, en los que est&aacute;n implicados exautoridades de la estatal petrolera, empresarios y sus familiares. Han transcurrido 16 meses y el caso sigue latente, las investigaciones contin&uacute;an, los procesos legales tambi&eacute;n, pero a un ritmo m&aacute;s lento por la propia din&aacute;mica del sistema de justicia que tiene el pa&iacute;s. Seg&uacute;n el &uacute;ltimo informe emitido por la Fiscal&iacute;a General del Estado, por el caso Petroecuador en total se abrieron 24 procesos judiciales para investigar los posibles actos de corrupci&oacute;n. Est&aacute;n 109 personas investigadas, 40 procesados, 9 de ellos privados de la libertad. En asistencias internacionales la Fiscal&iacute;a ha recibido 18. Ocho son los delitos que se investigan: cohecho, delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, perjurio, enriquecimiento il&iacute;cito que comenz&oacute; como tr&aacute;fico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, e incumplimiento de decisi&oacute;n leg&iacute;tima. Despu&eacute;s de que se divulgaran los nombres de &lsquo;offshores&rsquo; constituidas por ecuatorianos en Panam&aacute;, se abri&oacute; una investigaci&oacute;n en contra de &Aacute;lex B., exgerente de Petroecuador, quien el 16 de mayo fue detenido en Quito y, en un primer momento, se lo proces&oacute; por presunto tr&aacute;fico de influencias. El fiscal Franklin Bravo, quien llev&oacute; el caso, asegur&oacute; que el exfuncionario benefici&oacute; a las empresas Multiservicios Valdi (Multival), Nolimit y MMR Group con la suscripci&oacute;n de contratos, que sobrepasaron los $ 44,7 millones y estaban relacionados con la Refiner&iacute;a de Esmeraldas. En estas empresas trabajaban sus familiares y amigos. Esta investigaci&oacute;n no prosper&oacute; porque la Fiscal&iacute;a cambi&oacute; el delito de tr&aacute;fico de influencias por enriquecimiento il&iacute;cito, que tiene una pena m&aacute;s alta. &Aacute;lex B., y el exgerente de Petroecuador, Carlos P. Y., recibieron pagos desde 11 empresas. En agosto de 2016 fue detenido Javier B., accionista de la empresa Oil Services &amp; Solution. Su arresto se dio en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, cuando intentaba salir del pa&iacute;s con $ 33.000 en efectivo. En este caso, la Fiscal&iacute;a present&oacute; cargos contra el empresario por supuesto cohecho. Entre las pruebas se present&oacute; transferencias por $ 600.000 de una cuenta de la &lsquo;offshore&rsquo; Arkdale, relacionada con los hermanos Jaime y Juan B. y constituida en las Bahamas, a una cuenta de Girbra, empresa paname&ntilde;a de &Aacute;lex B. A finales de octubre, el fiscal Jacinto Tibanlombo, vincul&oacute; a este caso a 17 personas, entre estas a Carlos P. Y., exgerente de Petroecuador, su exasesor Arturo E., su hijo Carlos P., y su hermana Rosa P. Tambi&eacute;n fueron procesados &Aacute;lex B., su esposa, su madre y su padrastro y directivos de las empresas Galileo Energy, Tecnazul y MMR Group, todos contratistas de la estatal petrolera. La Asistencia Penal Internacional de Panam&aacute; confirm&oacute; que Carlos P. Y., y &Aacute;lex B., recibieron $ 11,7 millones a trav&eacute;s de las cuentas bancarias de sus &lsquo;offshores&rsquo;, dinero que proven&iacute;a de 11 compa&ntilde;&iacute;as y 3 contratistas. El 11 de noviembre, Marco C., otro exgerente de Petroecuador, fue detenido junto con un exfuncionario, Diego T., y el contratista Eduardo V. Contra ellos existe un proceso por supuesta delincuencia organizada. Mientras que el 26 de diciembre pasado fue arrestado el abogado Ernesto W., procesado por supuesto lavado de dinero. En este caso hay una orden de prisi&oacute;n contra Carlos P.C. y su hijo Carlos P.D. *Haga click en la imagen para agrandarla Resultados judiciales En los 16 meses de investigaciones se ha logrado esclarecer en parte el caso, los delitos y sus responsables, por lo que entre las personas con m&aacute;s procesos en contra est&aacute; &Aacute;lex B., exgerente de Petroecuador, con 5: por cohecho, enriquecimiento il&iacute;cito, delincuencia organizada, lavado de activos y peculado. Adem&aacute;s ha recibido 3 sentencias: por cohecho, enriquecimiento il&iacute;cito; y por delincuencia organizada. Carlos P.Y., enfrenta 4 procesos: como exministro de Hidrocarburos es procesado por enriquecimiento il&iacute;cito. Adem&aacute;s, como exgerente general de Petroecuador, por cohecho, lavado de activos y peculado. Al igual que &Aacute;lex B., y con la misma pena fue sentenciado por cohecho. Entre los mayormente implicados aparece tambi&eacute;n el exgerente de Petroecuador, Marco C., con 3 procesos: por delincuencia organizada, enriquecimiento il&iacute;cito y peculado. Tres casos ya tienen sentencia Por cohecho, delito tipificado en el art&iacute;culo 280 del C&oacute;digo Org&aacute;nico Integral Penal (COIP), el cual no prescribe, establece una pena de entre 5 y 7 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, y el procesado puede ser juzgado en ausencia. Est&aacute;n vinculadas 18 personas. Este es el caso m&aacute;s avanzado, por lo que el 15 de febrero de este a&ntilde;o el Tribunal Penal, integrado por los jueces Daniel Tufi&ntilde;o, Lola Ruiz y Luis Manosalvas, dict&oacute; sentencia contra 16 de los 18 procesados &Aacute;lex B., y Carlos P. Y., los 2 principales acusados, junto a otros 8 procesados recibieron una pena de 5 a&ntilde;os de prisi&oacute;n, multa de $ 4.500 y $ 25 millones de reparaci&oacute;n.Otros 6 de los acusados fueron condenados como c&oacute;mplices a 2 a&ntilde;os y 6 meses de prisi&oacute;n, entre ellos los familiares de Carlos P. Y., y de &Aacute;lex B. Adem&aacute;s, el tribunal declar&oacute; inocentes a 2 de los procesados. El 17 de julio, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha acept&oacute; el pedido de diferimiento de la audiencia de apelaci&oacute;n de la sentencia. A&uacute;n no se define fecha. Por enriquecimiento il&iacute;cito, delito que el Art. 279 del COIP estipula una pena que va de 3 a 10 a&ntilde;os de prisi&oacute;n y que no prescribe, el 5 de mayo de este a&ntilde;o el Tribunal Penal integrado por los jueces, Paola Logro&ntilde;o, Edmundo Samaniego y Katherine V&aacute;squez, sentenci&oacute; con 3 a&ntilde;os 4 meses de c&aacute;rcel, multa de $ 7.500 e indemnizaci&oacute;n de $ 364.204,25 a &Aacute;lex B., quien recibi&oacute; la rebaja de pena por acogerse al procedimiento abreviado, que es la colaboraci&oacute;n. Por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el Art. 369 del COIP y que estipula penas de 5 hasta los 10 a&ntilde;os de privaci&oacute;n de la libertad, tambi&eacute;n hubo sentencia el 28 de abril de este a&ntilde;o contra &Aacute;lex B., por el juez Patricio Ba&ntilde;o. Tres a&ntilde;os 4 meses de c&aacute;rcel, $ 4.500 de multa y $ 1&rsquo;298.520,21 de reparaci&oacute;n, es la sanci&oacute;n impuesta. El juez se abstuvo de acusar a Eduardo V., y Luis O., pero el juicio contin&uacute;a contra 4 procesados. Por lavado de activos, peculado, enriquecimiento privado no justificado, incumplimiento de decisi&oacute;n leg&iacute;tima y perjurio, no presentan mayores avances. El 20 de junio, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, se reuni&oacute; en Panam&aacute; con Kenia Porcell, titular de la Procuradur&iacute;a General, en donde ratificaron la cooperaci&oacute;n jur&iacute;dica internacional entre ambas instituciones y el apoyo en casos complejos, como el de Odebrecht y Petroecuador. Hay relaci&oacute;n entre los casos Petroecuador y Odebrecht Dentro del proceso de investigaci&oacute;n por el presunto delito de asociaci&oacute;n il&iacute;cita en el caso Odebrecht, el 30 de junio, fueron detenidos el exgerente de Transporte de Petroecuador, Ramiro C., y Diego C. Seg&uacute;n la fiscal del caso, Diana Salazar, en la investigaci&oacute;n se descubri&oacute; que Vladmau Construcciones, empresa constituida en diciembre de 2008, habr&iacute;a entregado a Ramiro C., $ 202.050, entre 2012 y 2015, por servicios que jam&aacute;s existieron y su origen ser&iacute;a Odebrecht. Estos pagos estar&iacute;an relacionados con el contrato adjudicado a la empresa brasile&ntilde;a para construir el poliducto Pascuales-Cuenca, por un monto de $ 370 millones, convenio que fue suscrito por Ramiro C., el 17 de octubre de 2013, tras recibir plenos poderes del gerente de la petrolera, Marco C., quien se encuentra detenido por delincuencia organizada en el caso Petroecuador y que ha sido llamado a declarar por el caso Odebrecht ante la fiscal Salazar. Seg&uacute;n el Sercop, entre 2009 y 2012, Vladmau tuvo 19 contratos por $ 1,5 millones con el sector p&uacute;blico. En los siguientes 3 a&ntilde;os gan&oacute; 12 contratos con Petroecuador, por el monto de $ 6,9 millones. Vladmau junto con Legadoil y Promanti formaron parte del consorcio World Wide Energy (WWE), con el que el 3 de julio de 2015, Carlos P. Y., firm&oacute; un contrato sin concurso para rehabilitar una unidad de la refiner&iacute;a, por $ 18,1 millones. WWE registr&oacute; transferencias a Servbrahe y Hesomite, por $ 25.000, a cada una, en 2016 y su procurador com&uacute;n, Juan Carlos A., tambi&eacute;n pag&oacute; otros $ 170.000 en 2014 a las 2 firmas, seg&uacute;n el informe de la Unidad de An&aacute;lisis Financiero. Estas 2 empresas son de Jelice H., esposa de &Aacute;lex B., ambos sentenciados por cohecho en el caso Petroecuador. La fiscal Diana Salazar solicit&oacute; a Vladmau detalle qu&eacute; relaci&oacute;n ten&iacute;a con Ramiro C., pues presuntamente trabaj&oacute; ah&iacute;, adem&aacute;s pidi&oacute; que se vincule a Ramiro C., y a Diego C., al caso Odebrecht, por supuesta asociaci&oacute;n il&iacute;cita, en el que se investiga a Ricardo R., t&iacute;o del vicepresidente Jorge Glas, al empresario Jos&eacute; T., y otras 5 personas. El prop&oacute;sito es unificar los casos porque Jos&eacute; T., exfuncionario de Petroecuador y supuesto intermediario de Odebrecht, estaba relacionado con Diego C., a trav&eacute;s de Joubert Corporation y Alesbury Investment S.A., firmas &lsquo;offshore&rsquo; constituidas en Panam&aacute; el 3 de enero de 2014. Estas 2 empresas fueron creadas por el estudio Mossack Fonseca para dar servicios de ingenier&iacute;a, construcci&oacute;n y asistencia t&eacute;cnica. El cliente pidi&oacute; la apertura de la cuenta en alg&uacute;n banco de Antigua y que las acciones sean nominativas a favor de Diego C., seg&uacute;n los Panama Papers. (I) En allanamientos realizados el 11 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Quito, la Polic&iacute;a encontr&oacute; m&aacute;s de $ 300.000 en techos, cajones y tarros. Foto: Cortes&iacute;a POLIC&Iacute;A NACIONAL