Los 51 militares y 12 policías sentenciados a un año de pena privativa de libertad por paralización de servicios públicos en la Base Aérea de Quito, durante los hechos del 30 de septiembre del 2010, fueron liberados de culpa.

La resolución fue adoptada este lunes 4 de junio por el Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales Iván Saquicela, Edgar Flores y Wilman Terán, al término de la audiencia de casación que se cumplió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Los magistrados dispusieron la prescripción de la causa y, por tanto, queda sin efecto la sentencia de un año de privación de la libertad, impuesta en junio de 2015 a los procesados en este caso que quedan liberados de responsabilidad.

Desde antes de las 08:00 de esta mañana empezaron a llegar los procesados y sus abogados defensores a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para estar presentes en la diligencia que se preveía dure varios días.

A las 09:00, hora señala para la audiencia, el tribunal constató la presencia de las partes procesales y desechó un recurso de diferimiento.

Al instalar la diligencia, el juez Saquicela dispuso que por tratarse de un delito relacionado con la seguridad del Estado, la audiencia tenga el carácter de reservada, lo cual fue justificado por el jurista Luis Muñoz Pasquel.

En la sala de audiencias del octavo piso de la CNJ, solamente se quedaron el Tribunal, el secretario, la fiscal del caso Paulina Garcés, 14 abogados, dos defensores públicos, y los procesados: 51 militares y 12 policías.

Óscar Ayerve, representante de la Asociación de Víctimas 30 de Septiembre, quien también tuvo que abandonar la sala, señaló que han surgido nuevas evidencias con la auditoría realizada por la Contraloría del Estado, donde se demuestra que la Comisión de la Verdad adulteró datos y hechos del 30S, de ahí que se ha hecho un exhorto a la Asamblea, para que dicte amnistía general.

“La próxima semana empezaremos los trámites de este proceso. Vamos a solicitar una reunión con la presidenta de la Asamblea, los miembros del CAL, de la Comisión de Participación legislativa y finalmente estaremos en el pleno para que se declare la amnistía general de las víctimas y perseguidos políticos del 30S”, precisó.

“Si vamos a la cárcel que sea con un juicio imparcial; con pruebas no manipuladas. El proceso debería anularse por todo lo que ha pasado”, dijo uno de los militares en referencia a las supuestas alteraciones a la verdad que hizo la Comisión 30-S creada por el expresidente Rafael Correa.

Desde Miami, donde está prófugo, el excontralor general del Estado Carlos Pólit aseguró que la Comisión 30-S contrató servicios de edición para manipular fotos y videos en los que aparecen militares y policías aquel día. Eso sirvió para procesarlos. (I)