El 13 de marzo de 2012, una sentencia del juez de Trabajo, Rafael Núñez, fue hackeada. En esa fecha, el magistrado emitió una resolución por un litigio laboral, pero el 15 de marzo de ese año apareció otra, que fue subida al sistema por un supuesto hacker de iniciales “tinocop”.

En 2013, el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido por Gustavo Jalkh, inició un sumario administrativo, que terminó con su destitución.

Núñez señaló que en el proceso jamás se tomó en cuenta los elementos de su apelación; por ejemplo, el informe que detalló que un hacker introdujo la sentencia.

El juez afirmó que no pudo defenderse en su proceso administrativo y que fue tratado como un “delincuente” y juzgado “como criminal”.

Todo ello, a pesar, según Núñez, de que se descubrió que uno de los hackers era la funcionaria Flor María Tinoco, quien subió esa sentencia con apoyo de personas externas a la institución.

Este es uno de los cerca de 250 casos de jueces que analiza la Mesa de la Verdad y Justicia, que se instaló el lunes 11 de febrero en el Consejo de la Judicatura, en Quito.  

Según Óscar Ayerve, integrante de la agrupación, la mesa recibió 800 denuncias. Empezarán con 400 expedientes de jueces, fiscales, notarios y operadores de justicia. Solamente de jueces, la entidad tiene 250 casos.

Beatriz Cadena, actual presidenta de la Mesa, reconoció que empiezan tarde, pues detalló que el proceso estuvo en manos del Consejo de la Judicatura de Transición. Dichaa mesa estaba a cargo de los vocales Aquiles Rigail y el presidente Marcelo Merlo.

Del 11 al 18 de febrero realizarán las audiencias nacionales; luego, del 18 al 22 de febrero, se harán las veedurías internacionales.

El producto final, según Cadena, lo enviarán a las Naciones Unidas. “Reparación, verdad y justicia” esperan los afectados, según Cadena.

Los problemas -dijo la presidenta de la Mesa- se produjeron durante las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh, al frente del Consejo de la Judicatura de la administración del expresidente Rafael Correa.

El exjuez Carlos Alfaro Vite fue otro de los afectados que dio a conocer su caso.

En 2011 emitió medidas cautelares; sin embargo, el CJ de ese momento emitió un sumario administrativo en su contra por un supuesto “error inexcusable”.

El juez señaló que jamás el CJ debió pronunciarse sobre este caso, sino la Corte Constitucional. En estas audiencias, durante cinco días participarán 15 veedores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

Manuel Rosero, secretario de la Mesa, señaló que en las administraciones de Paulo Rodríguez y Gustavo Jalkh se sacó a los funcionarios que no pasaron las evaluaciones de una manera antitécnica, entre ellas con una valoración del trabajo que hicieron estudiantes de Derecho.

Por ello sostuvo que “Paulo Rodríguez hasta Gustavo Jalkh y su caterva se arrogaron funciones, cogieron una potestad que no la tenían para ellos”.

Por ejemplo, contó que el exjuez Julio Arévalo pasó preso un año y tres meses, porque el expresidente Correa despreció su trabajo en una sabatina “y luego le abrieron un sumario administrativo por no asistir tres días a su trabajo”. (I)

Más detalles
Los expedientes
Los integrantes de la Mesa de la Verdad y Justicia señalaron que recibieron 800 denuncias desde el 31 de octubre cuando se creó la entidad, adscrita al Consejo de la Judicatura. Empezó con el organismo de transición.

15 veedores nacionales, entre ellos de la Universidad Central, participan en las comparecencias.

El informe final
El trabajo final se enviará a las oficinas de las Naciones Unidas. Esperan que esta entidad se pronuncie sobre los abusos de poder durante la administración del expresidente. (I)