“Popeyes” era el nombre clave que se dio al equipo de seguridad privada de Rafael Correa en la campaña para su reelección en 2013.

Altos y fornidos, siempre vestían una camiseta negra en sus mítines por el país. Ellos no solo controlaban que los actos se desarrollaran con orden, sino también “sometían” (agredían) a cualquier persona que mostraba su descontento. Así lo contó a este diario uno de los “popeyes”, pero con la promesa de proteger su identidad.

Estos muchachos recibían una paga a diario por esta labor en 2013. Este dinero está demostrado en los correos de Pamela M.,  quien fue  la asesora más cercana del expresidente Correa.

El 4 de febrero de 2013, en plena efervescencia electoral, Paola Proaño, responsable del manejo económico de la campaña, le envía un correo a Pamela M. Su trato es muy amigable. “Querida Pame”, la saluda al inicio de su email.

Luego le informa que le remite la lista de proveedores que debían cancelar con dinero en efectivo y “asignarlo a tres autoridades” dentro del gasto presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE). El total requerido es de $ 1’467.656. Esta cifra es superior a la que fue declarada al CNE: 1,17 millones.

En la lista está el pago por murales en la vía a la Costa; en Lomas de Sargentillo, Naranjal, entre otras ciudades de Guayas. También para los cierres de campaña, tarimas,   sonido, entre otros.

Además está el pago para los brigadistas por asambleístas nacionales, que fueron $ 135.000 en efectivo. Por supuesto  el dinero para los “popeyes”. A estos guardaespaldas les pagaron $ 145.000.

En los registros del Consejo Electoral, Pamela M. no aparece como recaudadora o tesorera de los fondos para la campaña. Pero, según su confesión, a la Fiscalía, ella por disposición del expresidente Correa convirtió su despacho en una caja fuerte para las campañas desde 2011 hasta 2014.

A sus manos llegaban sobres con millones de dólares  recaudados a las empresas que mantenían contratos con el Estado. Entre ellas, la que más destaca es la brasileña Odebrecht, cuestionada por armar una red de corrupción, que llevó a prisión al exvicepresidente Jorge Glas.

En un cuaderno, Pamela M. escribió detalladamente a quién entregaba el dinero. Los señalados fueron el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis M.; la exministra María de los Ángeles D. y al exministro y líder de las campañas electorales de Alianza PAIS, Vinicio A.

Los tres ahora son investigados por la Fiscalía por supuesta concusión. Mera está detenido en la Cárcel 4 de Quito; María de los Ángeles D. tiene prohibido salir del país y el paradero de Vinicio A. es desconocido.

Este sistema para ocultar tales contribuciones prohibidas por la ley, aparentemente, no tenía fallas.

En 2011 aparecen los primeros registros, cuando el país se alista a aprobar la consulta que dio la potestad a Correa de reestructurar el sistema judicial.

En los archivos están los aportes para las vallas. Un año después, bajo este mismo sistema, se financió la campaña para la reelección.

Desde  noviembre de 2012 ya hay movimientos y se necesita una cotización para un jingle. Luego se encuentran los registros para la publicidad, tarimas y alquiler de equipos de amplificación.

Para esto también usaron un cruce de cuentas de las empresas, que fingían contratos para pagar a los proveedores de la campaña.

El SRI informó que 22 de los contribuyentes señalados en el caso “Arroz Verde” usaron  firmas ficticias para eludir el pago de impuestos, causando un perjucio  de más de  $ 39 millones.

El pago de estos proveedores con facturas ficticias, aparentemente, se dirigía desde la Secretaría de la Administación Pública, entonces dirigida por Vinicio A.

Funcionarios de esa entidad enviaron correos pidiendo los nombres de las compañías para facturar a los proveedores y el despacho de Pamela M. les entregó esa información. Así se tejió una trama que, supuestamente, no sería descubierta. (I)