El Sistema de Rehabilitación Social necesita cambios urgentes y ante esto, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) solicitó al presidente Lenín Moreno, autorice una declaratoria de emergencia.

Así lo confirmó Carlos Rivera, director de Inteligencia de la entidad, quien manifestó que el pedido se enfoca en tres puntos: seguridad, alimentación y capacitación, y profesionalización de guías penitenciarios.

En cuanto a la seguridad, Rivera mencionó que va más allá de los controles. Incluye seguridad electrónica y física, mejora de instalaciones, rediseños de cárceles, disminución de hacinamiento que genera inseguridad e identificación de las bandas delictivas.

Alimentación no adecuada

Cada persona privada de la libertad le cuesta diariamente al Estado $ 18, rubro que incluye las tres comidas diarias, estadía, servicios básicos, entre otros gastos.

En cuanto a la alimentación, el funcionario manifestó que “ejecutamos una auditoría a la actual empresa que provee la comida, y los alimentos se preparan sin normas de higiene básica, la distribución de la comida es antihigiénica y no en la cantidad adecuada”.

Indicó que eso implica que los privados de la libertad tengan quebrantos en su salud que en ocasiones hasta ameritan traslados a centros de salud con custodia policial.

No hay cómo formar más guías

En Ecuador, aproximadamente 2.200 policías vigilan la parte externa de los centros de rehabilitación (y algunos puntos internos) y 1.500 agentes de seguridad penitenciaria custodian las instalaciones. Este último número no es suficiente para los 40.072 internos, reconoce Rivera.

“Uno de los ejes frontales es lograr la especialización de los agentes penitenciarios. Hay una proyección para aumentar agentes de acuerdo con la necesidad y estamos en una reingeniería de procesos para que ellos puedan tener horarios y sueldos adecuados y recategorización”.

El problema -refiere- es que solo hasta 2017 funcionó la única Escuela de Formación de Guías Penitenciarios, que estaba ubicada en la parroquia Tres Cerritos, perteneciente al cantón Pasaje, provincia de El Oro.

La escuela fue inaugurada en 2015 por la ministra de Justicia de entonces, Ledy Zúñiga, con 500 aspirantes a graduarse como técnicos en Seguridad Penitenciaria.

Los predios, en los que había hasta un polígono virtual, permanecen abandonados, con aulas llenas de polvo y maleza llenando los caminos.

Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, indicó que se necesitan aproximadamente 10.000 agentes para custodiar a los internos a nivel nacional.

Sin embargo, reconoció que además se necesita capacitarlos, mejorar sus sueldos, pagarles horas extras y dotarlos de herramientas necesarias para evitar que incurran en actos de corrupción. “No hay que esperar que pase más tiempo para declarar la emergencia carcelaria”.

Abuso de la prisión preventiva

Ernesto Pazmiño, secretario de la SNAI, compareció la semana anterior ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y expuso que una de las causas del hacinamiento carcelario es la aplicación desmesurada de la prisión preventiva.

Indicó que los jueces deben considerar medidas alternativas, especialmente en delitos considerados menores como robos o hurto.

“En 2013 había 16.000 internos y ahora la cifra ha aumentado a 40.072, el 600%. Por todo dictan prisión preventiva, sobre todo en delitos menores”.

Agregó que el 50% de privados de la libertad está por drogas y el 26% por delitos contra la propiedad.

Centros más conflictivos

Wilson Granada, subdirector nacional de la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía, explicó que “hay más problemas donde existe mayor número de privados de libertad, en este caso Guayaquil”.

En la ciudad hay aproximadamente 17.000 internos en las cárceles Regional Zonal 8; Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Varones (más conocido como Penitenciaría del Litoral), penal de Mujeres y Centro de Detención Provisional (CDP). (I)