A un año 20 días de su posesión (el 14 de mayo de 2019), la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tiene acumulados: un proceso penal abierto y dos investigaciones por presuntos actos de corrupción.

El 14 de octubre de 2019 fue detenida para investigaciones, al ser acusada por el Gobierno Nacional de ser una de las instigadoras para las violentas movilizaciones encabezadas por los indígenas, entre el 3 y el 13 del mismo mes, que terminaron en saqueos y destrucción de bienes públicos.

Inicialmente fue investigada por el delito de rebelión, pero el 24 de diciembre la Fiscalía reformuló cargos y la acusación cambió a presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno.

Pabón, quien salió en libertad el 25 de diciembre, tiene pendiente la realización de la audiencia preparatoria de juicio por esta causa.

Sobre el segundo caso, en febrero de este año, con base en un informe de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía inició otra investigación por presunto tráfico de influencias en la firma de un contrato en septiembre de 2019, con la empresa Diez Punto Comunicaciones.

La Prefectura habría pagado $ 84.000 por una consultoría, para que, supuestamente, ayude a mejores prácticas comunicacionales de los funcionarios de la Prefectura.

A esos dos casos se suma la investigación por la compra de 4.000 bolsas de cadáveres y 10.000 pruebas rápidas de covid-19, con presunto sobreprecio, durante la emergencia sanitaria.

Este 1 de junio se conoció que la prefecta Pabón ya fue notificada por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, del inicio de esta investigación en su contra, en esta ocasión por el presunto delito de peculado.

En rueda de prensa virtual, Pabón manifestó que la Fiscalía le ha abierto un proceso de investigación sin una sola prueba, salvo un tuit del político Fernando Villavicencio.

Según ella, todos los procesos de compras públicas adelanta la Prefectura se hacen cumpliendo los procedimientos legales y pidió que cese la “persecución política”. (I)