La ministra de Gobierno, María Paula Romo, presentó ayer una queja disciplinaria contra el abogado Ricardo Ramos, juez de la Unidad de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil. Él, luego del ataque criminal que escandalizó al país el sábado, “recibe el pedido de la Fiscalía para que solicite una versión anticipada del sobreviviente, como un acto urgente que aporte en las investigaciones, Ramos se pronuncia varias horas después y dice que no ve la urgencia de hacerlo; y que, cuando el proceso se desarrolle el ciudadano, podrá rendir su versión”, dijo la Ministra en una entrevista en la mañana en Teleamazonas.

Ese es uno de los tres antecedentes que detalló la autoridad en su queja al Consejo de la Judicatura. Otro es la necesidad de receptar el testimonio anticipado del detenido Sheinman Oren se fundamentó en los riesgos que corre la vida de este ciudadano. En la mañana del sábado 8 de agosto de este año, él fue víctima de un atentado en contra de su vida dentro del Centro de Privación de Libertad en Guayaquil.

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Y, el último, es que se justificaba la necesidad del testimonio anticipado, garantizando las normas del debido proceso y el derecho de las víctimas y testigos protegidos. Sin embargo, el abogado Ramos negó la solicitud y dijo que no aparece justificada y con eso afectó a la administración de justicia penal, incumplió su deber de garantizar la aplicación de las normas constitucionales, convencionales y legales, y violentó la seguridad jurídica, dice la queja de la Ministra de Gobierno.

La secretaria de Estado solicitó el sumario disciplinario y, como medida cautelar, la suspensión de la función de Juez de Garantías al abogado Ramos, según los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y artículo 269 numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Además, la autoridad señaló en su entrevista a Teleamazonas que la actitud “es muy grave porque a pesar de todos los esfuerzos que se hagan desde Fiscalía y Policía, si los jueces impiden una versión anticipada y no ayudan a la celeridad del proceso, va a ser muy difícil que progresen las investigaciones”.

Romo dijo a eso se añade que, ante las palabras de Bucaram de que supuestamente manipula la justicia, el Consejo de la Judicatura ha presentado una demanda penal para que sea él quien responda por lo que ha dicho. Así evitamos especulaciones y sospechas. “Quien tiene que explicar el alcance de lo que dijo será (Abdalá) Bucaram. Ojalá estas diligencias se den lo más pronto”, subrayó.

Aclaró que ya se autorizó que el sobreviviente rindiera versión, pues lo ordenó otro juez y esto ya se hizo. “Esto es importante, tanto como proteger la vida de las personas, también hay que resguardar todos los elementos que sirvan para aclarar la verdad”. (I)