El abogado Milton Castillo, respaldado por el asambleísta de CREO César Carrión, presentó este lunes en la Fiscalía una denuncia en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Según la denuncia, Jalkh habría ejercido presión ante el juez de la Unidad Judicial de San Cristóbal, Galápagos, cuando la población interpuso una acción de protección contra una resolución sobre la construcción de hoteles 5 estrellas en el archipiélago. 

"Debe investigarse cuál fue el motivo por el que, coincidentalmente, Gustavo Jalkh acudió al juzgado de Galápagos cuando la población se estaba oponiendo con un trámite legal a la construcción de los hoteles cinco estrellas en Galápagos, y quién fue la persona que le informó sobre esa opción y qué intereses tienen Jalkh y Vinicio Alvarado en la construcción de los hoteles", señaló Castillo en declaraciones a la  prensa. 

Según el jurista, hay documentos que demuestran que Vinicio Alvarado, entonces ministro de Turismo, dirigía cartas a los inversionistas, en las que les garantizaba tranquilidad en su inversión, una vez que se emitieran las autorizaciones para la construcción de los hoteles.

A través de la denuncia, además, Castillo indicó que piden que se llame a declarar tanto a María Isabel Salvador, expresidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos; a Vinicio Alvarado, así como a la actual presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, Lorena Tapia, esta última para que explique sobre las irregularidades que se encontró en ese proceso.

Luego de esta denuncia, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado a través del cual realizó algunas puntualizaciones.

Según el organismo, el Pleno del CJ llegó el 9 de enero de 2015 a San Cristóbal y visitó las unidades judiciales, como lo hace de forma regular en todo el país.

El organismo explicó que esta actividad se cumplió bajo una agenda prevista con anterioridad, para conocer las necesidades y funcionamiento del servicio de justicia. "No es verdad que el Dr. Gustavo Jalkh ni ningún miembro del Pleno haya mantenido una reunión “a puerta cerrada” con el juez Armando Salavarría, como asegura el abogado Castillo", reiteró el escrito y advirtió que aquella visita fue pública y hubo acceso de los medios de comunicación locales.

La Judicatura desvirtuó además que Jalkh haya acudido a las islas a “amoblar” las unidades judiciales, ya que para la fecha en mención dichas instalaciones estaban readecuadas como parte del Plan Nacional de Implementación de Salas de Audiencias para la aplicación del Código Orgánico General de Procesos (Cogep) que en entró en vigencia en mayo de 2016.

Según el comunicado, las versiones de Castillo ya fueron conocidas en 2015 a través de un medio de comunicación radial de Quito y el CJ realizó las aclaraciones oportunamente. (I)