El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no dio paso al procedimiento abreviado para los exagentes de Inteligencia Raúl Ch. y Diana F., procesados por el presunto plagio (secuestro) a Fernando Balda. Por lo tanto continúa la audiencia de juzgamiento. 

La diligencia se instaló la mañana del lunes 4 de febrero de 2019. De los seis vinculados en este caso, solamente dos son sometidos a juicio, ya que de los cuatro restantes, dos fueron absueltos y dos están prófugos. 

El tribunal penal, conformado por los jueces Miguel Jurado, Sylvia Sánchez y Édgar Flores, señaló que el planteamiento hecho por la defensa de los exagentes debió hacerse en las etapas previas a la audiencia de juzgamiento. 

Diego Chimbo, abogado de Diana F. y Raúl Ch., hizo la solicitud como parte del principio de celeridad y el principio de favorabilidad. 

Tras conocer la negativa de los jueces al procedimiento abreviado, Chimbo indicó que insistirán en la cooperación eficaz y por ello solicitarán una pena de 12 meses. Previamente dijo que había ya un acuerdo con la Fiscalía. 

Mientas que Eduardo León, abogado de Balda, manfiestó que cuando Rafael C. y Pablo R. lleguen al país deberá hacerse una nueva audiencia de juicio. Hace un mes, León hizo un nuevo pedido a Interpol. 

El juicio empezó con el testimonio anticipado de Raúl Ch., quien señaló que Pablo R., quien está prófugo en España, llamó a un número desconocido presuntamente del expresidente Rafael C. y le puso en altavoz. Según Raúl Ch., el exmandatario le ofreció todo su apoyo institucional para la operación.

"'Ratón' (apodo de Raúl Ch.) me dijo, el presidente quiere que le traigan como sea a Fernando Balda desde Colombia a Ecuador", declaró el exagente en el marco de acuerdo de cooperación eficaz con la justicia.

El exagente relató en ese informe pericial al que adjuntó numerosa documentación bajo cadena de custodia, que conoció a Balda en mayo de 2012, tres meses antes de que fuera capturado en Bogotá durante 40 minutos por cinco personas de nacionalidad colombiana antes de que la Policía de ese país liberase al político opositor.

Aseguró que pagó a los ejecutores 28.000 dólares en efectivo de la Senain, y al menos dos de ellos eran militares, que le garantizaron que le "harían una vueltita" a Balda y lo trasladarían a Ipiales, localidad fronteriza con Ecuador.

En su relato de los hechos, el testigo defendió que "si no obedecíamos teníamos un problema seguro" y pidió perdón al "pueblo ecuatoriano y al activista" antes de asegurar que, como agente de la seguridad, tuvo que cumplir órdenes de mando.

La tarea que realizaba en la Dirección y Secretaría de Inteligencia ecuatoriana era principalmente de barridos electrónicos y contramedidas electrónicas, labor gracias a la cual se hizo pasar por un empresario especializado en seguridad electrónica C4.

Su primera misión en suelo colombiano fue en mayo de 2012 en Medellín (centro-norte), donde conoció a Balda en un encuentro de activistas ecuatorianos con el expresidente de ese país Álvaro Uribe, contexto en el que entabló una relación aparentemente de interés comercial.

También medió entre Chicaiza y Balda camaradería y el pago por parte del agente -con fondos líquidos de la Senain- de invitaciones particulares a cenas y almuerzos, de estadías en un hotel y giros supuestamente anticipados de dinero desde Colombia de 2.000 dólares en varias ocasiones, y Ecuador de hasta 5.000 dólares.

El interés comercial giró en torno a un sistema de piratería informático que Balda ofertó al agente que creía empresario y que fue probado en Ecuador por expertos en inteligencia. (I)